El boom de las energías renovables sigue haciendo ruido en Euskadi, y más aún en Álava. Ya se conocían los proyectos de Arasur, liderados por el Gobierno vasco e Iberdrola; el de Arrazua Barrundia, liderado por Solaria y que cuenta con la reticencia de algunos vecinos y el de Repsol que plantea una planta de unas 100 hectáreas y que analiza situar en las localidades alavesas de Comunión, Zubillaga y Fontecha. A todos estos ahora hay que sumar el convenio firmado por la Diputación Foral de Álava, el Gobierno vasco y Grupo Mondragón con el que impulsarán seis cooperativas energéticas que implantarán plantas fotovoltaicas en seis cuadrillas alavesas.
Todo este goteo continuo de proyectos energéticos ha pillado a Euskadi sin la legislación preparada. El Plan Territorial Sectorial (PTS) de las Energías Renovables es la norma que debe diseñar y ordenar qué suelos del País Vasco se destinan para instalaciones eólicas o fotovoltaicas, entre otras, pero todavía se encuentra en preparación, muy lejos de aprobarse. Un vacío legal que no ordena la acumulación de iniciativas al calor del nuevo ´boom´ energético generando un punto de incertidumbre legal a su desarrollo, así como una preocupación en el sector agrario y en las zonas rurales. La consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, Arantxa Tapia ha detallado que existe un documento de avance de este proyecto y que al mismo tiempo hay abierto un proceso de participación ciudadana para recoger aportaciones, mejorar el proyecto y así emitir el informe de impacto medioambiental lo antes posible.
El Gobierno vasco se ha marcado como objetivo duplicar la generación apoyada en energías renovables del 8% al 16% para 2030 y ha insistido siempre en la necesidad de impulsar proyectos eólicos y fotovoltaicos en los que, además, se ha implicado directamente. Ante la continua llegada de nuevos proyectos y con la intención de avanzar lo más rápido posible en esa transición energética, Tapia ha asegurado que había dos vías: "Podemos quedarnos parados y esperar a que se apruebe el PTS donde se definando bien los lugares donde establecer estos parques, o podemos tratar de avanzar con las herramientas que tenemos en este momento desde el punto de vista urbanístico y también desde el de impacto mediambiental. Nosotros hemos emprendido este segundo camino pero siempre teniendo en cuenta todas las necesidades y dotando de todas las garantías".
El diputado general, Ramiro González, durante el acto de firma del convenio, ha subrayado en relación a este asunto que "hay interés por parte de las empresas y la Diputación lo ve con buenos ojos". Ha asegurado que "no hay desorden alguno" con la llegada de estos proyectos y que el papel de las administraciones es que estos proyectos se lleven a cabo preservando la biodiversidad y en eso es en lo que están trabajando. "El total de la superficie que están mirando las empresas en este momento no llega al 1% del suelo agrícola de Álava y hay instrumentos suficientes para que estos proyectos mantengan la biodiversidad y la instalación se haga de manera ordenada", ha explicado.