La secretaria general del PP del País Vasco, Laura Garrido, ha expuesto el rechazo de su partido al proyecto de Ley de Aportaciones aprobado por el Gobierno vasco, que determina el dinero que aportan las diputaciones forales, encargadas de recaudar los impuestos, a la financiación de los presupuestos de Euskadi. Según la dirigente del PP, la nueva ley, que sustituirá a la de 2007, "llega tarde y mal" y "no va a servir para corregir las múltiples deficiencias y desajustes actuales", por lo que "van a persistir los desequilibrios territoriales".

La nueva Ley de Aportaciones mantiene la metodología para el cálculo de los coeficientes horizontales, es decir el dinero que cada territorio aporta a las arcas comunes: 16 % Álava, 33,06 % Gipuzkoa y 50,94 % Bizkaia. Aunque incrementa el coeficiente vertical, la cuantía de la recaudación que va para el Gobierno vasco, del 70,04 % al 70,81 %, fundamentalmente por la integración de los nuevos traspasos asumidos por el Ejecutivo en los últimos años.

Para Garrido, el proyecto de ley otorga "más poder al Gobierno vasco" y "ahoga una vez más a las Diputaciones que con este reparto "van a tener menos recursos" para atender sus competencias y afrontar "necesidades crecientes en los ámbitos de la dependencia y las personas mayores".

Ley de Memoria vasca

Garrido también considera "grave" que el Gobierno vasco no haga referencia a "todo el drama vivido con ETA" en el proyecto de Ley de Memoria Histórica y Democrática de Euskadi aprobado el pasado martes por el Ejecutivo y ha tildado la ley de "parcial" e "innecesaria" al existir "otras leyes vigentes que pueden abordar estas cuestiones" y está también "el Código Penal". 

La secretaria general de los populares ha considerado que "no se entiende" que en Euskadi haya una ley de este tipo "sin una referencia expresa a la trayectoria criminal de ETA", máxime, en su opinión, cuando los contenidos de la futura norma "van a servir de material didáctico en los colegios". La portavoz ha destacado que la "memoria, dignidad y justicia" para con las víctimas del terrorismo de la que se habla desde las instituciones y el Ejecutivo vasco "hubiera sido incluir en lugar destacado y referente" de ese proyecto de ley "lo que ha supuesto ETA para la sociedad vasca".

El Gobierno vasco explicó que el proyecto de Ley de Memoria Histórica y Democrática de Euskadi nace para reforzar y dotar de marco normativo las actuaciones en esta materia. El objetivo de la ley es regular las políticas públicas para la Memoria Histórica en el País Vasco con el fin de promover la 'reparación moral y la recuperación de la memoria personal y familiar, social o colectiva, de quienes padecieron persecución o violencia, por razones políticas, sindicales, ideológicas, o de creencia religiosa, durante la guerra civil y la dictadura'.

El proyecto prevé un futuro Día anual de homenaje a las víctimas del golpe militar de 1936 y la dictadura, así como un régimen sancionador que incluye multas de hasta 10.000 euros por enaltecer el franquismo y de hasta 150.000 euros por actuaciones como destruir fosas.