El PNV ha optado por abstenerse en la convalidación del 'decreto de la luz', que permite la minoración de los beneficios de las eléctricas. El decreto ha llegado al Congreso tal y como se aprobó en el Consejo de Ministros, pero en su presentación, la vicepresidenta Teresa Ribera  se  ha abierto a "completar" este plan "en las próximas semanas" con "medidas adicionales que garanticen la cobertura con contratos bilaterales y precios razonables para los consumidores industriales". Un adelanto de cambios, que el PNV ha considerado suficiente para abstenerse pese a considerar que puede perjudicar a la industria en general. 

Los nacionalistas vascos han justificado su abstención reconociendo que el decreto tiene medidas positivas y que "puede ser razonable" detraer beneficios a las eléctricas, pero a la vez han advertido de que "puede producir el efecto contrario a lo que se pretende" al  trasladarse a la industria los costes y ponerla en dificultades, como se ha demostrado ya en Sidenor, que ha anunciado que paralizará su producción, según ha señalado la diputada del PNV Idoia Sagastizabal. "Esto es para hoy y hambre para mañana", ha dicho, pidiendo que se module la normativa para que la industria no sea la que pague esta medida, "porque unidos a la crisis de suministros la vamos a acabar de rematar".

“Vemos con estupor que el debate solo gira en torno a posicionarse con o contra las eléctricas, como si todo lo demás no importase, olvidándonos de las repercusiones en la industria y olvidándonos de la equidad”, ha lamentado. Y ha pedido por ello una “solución dialogada y acordada entre el Gobierno y las empresas” para que la minoración de beneficios planteada a las eléctricas no repercuta en la industria

La vicepresidenta para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, en su presentación del decreto ha señalado que el Gobierno no quiere aplicar el recorte de beneficios extraordinarios a las eléctricas por la escalada de precios en el gas cuando suministren energía a las industrias a "precios razonables".

Concretamente, ha afirmado que el objetivo es no aplicar este recorte a "quienes garanticen 'exnovo' precios estables que no internalicen la evolución del precio del gas", con el fin de "impulsar la cobertura de precios razonables para la industria".

Antes, la vicepresidenta ha anunciado su intención de "completar" este plan de choque "en las próximas semanas" con "medidas adicionales que garanticen la cobertura con contratos bilaterales y precios razonables para los consumidores industriales" y también "reforzar la posición" de aquellos consumidores vulnerables acogidos al bono social.

Asimismo, Ribera ha incidido en que "las previsiones de septiembre (cuando se aprobó este decreto ley) han quedado desfasadas", algo que "obliga a revisar medidas adoptadas ya" y "adaptarlas".

Pese a ello, el PNV ha considerado que el mercado energético debe tener reformas más profundas. "No se trata de ceder (ante las eléctricas) sino de modular".

Sin embargo, frente a esta postura, algunos de los partidos que han apoyado el decreto, como Unidas Podemos o EH Bildu o Ezkerra Republicana han señalado que se trata de una decreto de "mínimos", advirtiendo de que no quieren cambios en el mismo para beneficiar a las eléctricas tras ser validado por el Congreso.

Además de  PSOE, Unidas Podemos, EH Bildu y Ezkerra Republicana han mostrado su apoyo al decreto  la CUP,  Más País-Equo, el BNG , Teruel Existe, el PRC, Compromís  y Nueva Canarias.

Los rechazan el PP, Vox , Ciudadanos , UPN  y Foro Asturias. Mientras que junto al PNV se abstienen Junts y el PDeCAT.