El presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV), Iñaki Subijana, ha defendido de forma genérica en la Apertura del Año Judicial el papel jugado por el alto tribunal vasco durante la pandemia. Las varias sentencias de la Sala de lo Contencioso-Administrativo contrarias a medidas restrictivas dictadas por el Gobierno vasco para combatir la pandemia de covid-19, similares a otras que sí fueron aprobadas en otras comunidades autónomas, provocaron en los últimos meses duras críticas del Ejecutivo vasco.

Es más, a mediados de septiembre el propio tribunal salía en defensa del juez Garrido, que tantos varapalos ha dado a Urkullu, con un comunicado en el que señalaba que "la crítica legítima hacia las resoluciones judiciales, no permite amparar los ataques personales ni la deslegitimación de las juezas y de los jueces que imparten justicia en el País Vasco.” A lo largo de toda la pandemia, el magistrado que preside la Sala de lo Contecioso Administrativo ha adoptado varias decisiones judiciales que han tumbado medidas del gabinete Urkullu.

La más sonada fue el pasado mes de febrero cuando la sala anuló el cierre de la hostelería en País Vasco ordenada por el Gobierno. Además, con la decaída del Estado de Alarma el mismo órgano del TSJPV no autorizó al lehendakari a mantener el toque de queda y la restricción al libre movimiento. La más reciente giró en torno a los estadios de futbol a raiz de una demanda de LaLiga exigiendo ampliar los aforos de los campos vascos. Todas ellas fueron duramente criticadas por el Ejecutivo. 

En su discurso de Apertura del Año Judicial, Suibijana se ha referido a este asunto sin referencias explícitas y de una forma teórica y genérica, con varias alusiones filosóficas, ante el lehendekari, Iñigo Urkullu, con quien habló al finalizar el acto, y los consejeros Josu Erkoreka, Idoia Mendia y Beatriz Artolazabal. El presidente del TSJPV ha precisado que la Justicia "entra en juego" solo cuando se dan las circunstancias necesarias, Subijana ha apuntado que la "frustración" es mayor cuando hay "conflicto" entre derechos fundamentales, entre los que ha citado los binomios "libertad-salud pública, manifestación-orden público, libertad-vida y libertad de información-privacidad"; y el juez debe decidir cuál es "satisfecho" y cuál es "sacrificado".

El lehendakari ha sido más escueto al referirse a esta polémica entre su gobierno y el TSJPV al señalar únicamente que la pandemia ha promovido "una reflexión sobre el equilibrio entre la libertad personal y la responsabilidad social", una alusión que puede estar dirigida tanto a los tribunales como a la sociedad en su conjunto.

Digitalizar la justicia

Al margen de esta cuestión, Urkullu ha anunciado una mayor inversión en la digitalización de la Justicia y en nuevas sedes judiciales, así como en los servicios de acompañamiento a las víctimas de violencia machista, porque "la inversión en justicia es un vector de desarrollo económico y de cohesión social".

El lehendakari, que ha considerado "difícilmente comprensible" el gran retraso en la renovación del Consejo General del Poder Judicial, también se ha referido al nuevo Plan Estratégico de Justicia 2021-2026 y al traspaso "tranquilo" de la competencia de prisiones.

Décimo aniversario del final de ETA

Urkullu también ha hecho mención al décimo aniversario del fin del terrorismo, punto en el que ha recordado al magistrado asesinado por ETA José María Lidón, para pedir "a quienes ejercieron la violencia" y "las culturas políticas que la ampararon" que hagan una "autocrítica ética, política y democrática".



Por su parte, Subijana ha instado a impedir el "sufrimiento" de las víctimas del terrorismo por actos de exaltación a los "victimarios" y ha exigido un reconocimiento "explícito" del daño injusto causado por ETA.



El presidente del TSJPV ha reconocido la "implicación" del Gobierno Vasco y del CGPJ para la modernización de la administración de justicia en Euskadi y la implantación del expediente electrónico y ha alertado de que el número de jueces en el País Vasco es inferior al de España y la UE, aunque también es menor la litigiosidad.