El PNV ha venido reprochando a EH Bildu su disposición para acordar los Presupuestos Generales del Estado (PGE), mientras que en Euskadi mantenía una posición muy lejana al respaldo a las Cuentas del Gobierno vasco. Hoy el consejero de Economía y Hacienda, Pedro Azpiazu, ha dado un paso más con un acercamiento a las propuesta de la izquierda abertzale para dificultar la argumentación de EH Bildu si no decide respaldar las cuentas del Gobierno vasco para el 2022. Azpiazu, en la segunda reunión mantenida con el grupo parlamentario encabezado por Madalen Iriarte ha recogido el guante de las peticiones que la coalición soberanista había planteado y que ascendían a 118 millones. El Ejecutivo ha concedido 72 millones de euros en las Cuentas para los objetivos marcados por Bildu y un adelanto de 90 millones en este año. Además, aunque sin comprometerse en detalle, abre la puerta a incorporar algunas de las peticiones de carácter político, como el impulso de una nueva Ley que regule el precio del alquiler o la defensa de que el Salario Mínimo Interprofesional sea proporcional a la renta media en Euskadi.

De momento, la coalición de izquierda independentista no ha querido fijar posición y ha señalado que tiene que analizar la respuesta, señalando que, de momento, es "insuficiente". La portavoz del grupo parlamentario, Madalen Iriarte, no ha querido trasladar la sensación de acuerdo y ha mantenido un discurso crítico con el Gobierno. Según ha explicado, tras la reunión, la dirigente abertzale ha incidido en que el documento del Gobierno es más económico e insuficiente en el compromiso sobre los puntos de orden político. 

EH Bildu había planteado al Ejecutivo una batería de medidas que buscaban paliar la subida de la luz, el fomento de instalaciones renovables de autoconsumo, el refuerzo de políticas de inclusión social, residencias y Osakidetza. En total, 118 millones de euros. La respuesta del consejero de Economía y Hacienda ha ido dando respuesta a cada punto, incluso en los de calado político, como el del control del precio del alquiler, el salario mínimo y la fiscalidad. Se trata de los puntos más peliagudos, y en los que Azpiazu ha buscado elementos del acuerdo que sí ha suscrito Bildu en Navarra, como el compromiso para regular el precio de la vivienda una vez que termine la tramitación de la norma en el Congreso de los Diputados y con el compromiso de establecer un sistema de control.

En la carrera por evidenciar quién es el que dice 'no', la contrapropuesta del Gobierno recoge 30 millones para Osakidetza, 18 millones para financiar instalaciones de autoconsumo, más de 20 millones de euros para la inclusión social y 2 millones para las residencias. Además de los 90 millones que se ha comprometido ha destinar antes del cierre de este ejercicio al Fondo de sostenibilidad energética de los ayuntamientos vascos.