Un paso adelante y otro hacia atrás. Por una parte, EH Bildu manifiesta "posibilidades de avanzar" en ámbito económico, pero, por otra, califica como de "insuficiente" la contraoferta que le presentó el consejero de Economía y Hacienda, Pedro Azpiazu, y que volvieron a abordar el pasado miércoles en una tercera reunión, en este caso telemática, debido a que Azpiazu se encuentra aislado tras haber dado positivo en coronavirus. Un último encuentro que dio un plazo de 48 horas a ambas partes para lograr el hipotético acuerdo presupuestario, más que nada, porque este viernes se acaba el plazo de presentación de enmiendas al proyecto por parte de la oposición.
El Ejecutivo autonómico ha dificultado el portazo de Bildu a las cuentas tras aceptar parte de sus demandas y ha prolongado hasta el final la decisión de la coalición abertzale dentro de un contexto que le obliga a hacer malabarismos entre apoyar al partido que gobierna sin dejar de ser el principal partido de la oposición en el País Vasco.
El momento también es clave y tiene su importancia en la decisión final, después de que EH Bildu haya sumado sus votos por segundo año consecutivo, junto, entre otros, a los del PNV, para sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado (PGE). Un apoyo que anunció antes que los jeltzales y que obligó a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, a salir a la palestra para calificar al PNV como de "socio prioritario".
En menos de un mes, la formación soberanista ha exhibido su cara más pragmática al apoyar también las cuentas del Gobierno navarro de María Chivite y postularse como fuerza determinante en Navarra.
El PNV ha venido reprochando a EH Bildu su disposición para acordar los PGE, mientras que en Euskadi mantenía una posición muy lejana al respaldo a las cuentas del Gobierno vasco. Quizás por eso, y para dificultarles aún más la decisión, Azpiazu le presentó un contraoferta en la que recogía varias propuestas de la coalición soberanista que ascendían a 118 millones de euros.
El Ejecutivo vasco añadió más presión aún al calcar dos de las demandas pactadas por la coalición en Navarra: el compromiso de defender en el marco del diálogo social y los foros de empleo un salario mínimo proporcional a la renta media de la comunidad autónoma y poner en marcha un sistema de control de precios del alquiler privado cuando la futura ley estatal lo permita.
Hoy se dilucidará la incógnita que ha mantenido tanto al gobierno como al principal partido de la oposición llegar hasta el último minuto la negociación presupuestaria, tras las negativas de Elkarrekin Podemos y Partido Popular, quienes presentan esta misma mañana sendas enmiendas a la totalidad del proyecto.