El Gobierno podrá imponer proyectos renovables de interés general a municipios

La futura Ley de Administración Ambiental que proyecta el Ejecutivo autonómico hará prevalecer la opinión del Gobierno vasco sobre el criterio municipal en asuntos calificados como de "interés público superior" sobre un proyecto con justificación ambiental. Así, esta figura posibilitará el desarrollo de grandes infraestructuras de promoción pública como pueden ser los proyectos de energías renovables, vertederos y depuradoras sin contar con el criterio de las administraciones locales. 

El Gobierno Vasco (PNV-PSE) ha hecho valer su mayoría en el Parlamento para rechazar una enmienda transaccional de EH Bildu y Elkarrekin Podemos que requería detener la tramitación de la ley de Administración Ambiental por "vulnerar la autonomía municipal y las competencias de las Entidades Locales".

El parlamentario abertzale Mikel Otero ha señalado que la Ley de Administración Ambiental supone un "ataque sin precedentes" al ordenamiento territorial y la autonomía municipal al situarse por encima de las Directrices de Ordenación del Territorio, los Planes Territoriales Parciales y los Planes Territoriales Sectoriales. Así, según Otero, el Gobierno vasco podría imponer la instalación de un vertedero en municipios como Aizkoitia y Lezama o tirar adelante proyectos que paró el planeamiento municipal como la extracción de gas del pozo Armentia 2 a las afueras de Vitoria.

Muriel Larrea (PP+Cs) también ha criticado un proyecto de ley "tramposo e indigno" que se intenta aprobar "por la puerta de atrás" y que supone "un ninguneo a la autoridad de los municipios", ya que la decisiónes del Gobierno vasco tendrían "autoridad absoluta" sobre los Planes Generales de Ordenación Urbana (PGOU) de los ayuntamientos.

La portavoz de Elkarrekin-Podemos, Maite Gorrotxategi, ha censurado que Lakua quiera "pasar el rodillo a toda Euskadi" para decidir unilateralmente grandes proyectos en detrimento de la autonomíay las competencias municipales para "poner fácil el negocio a las empresas amigas".

La jeltzale Leixuri Arrizabalaga ha defendido que la futura Ley posibilitará la planificación de renovables e infraestructuras de residuos, ha rechazado que suponga un golpe a la biodiversidad de Euskadi, ya que "garantiza una efectiva protección de nuestro entorno" y ha comentado que los proyectos de interés superior "tienen que plegarse a la Ley Ambiental". 

Por su parte, Alberto Alonso (PSE) ha destacado que el proyecto de Ley Ambiental tiene como objetivo "ofrecer garantías ágiles para afrontar los retos medioambientales globales" que traspasan el ámbito local y que es "una figura necesaria" con la que ya cuentan varias comunidades autónomas.

A la hora de la votación, la presidenta del Parlamento vasco, Bakartxo Tejería, ha ordenado desalojar la tribuna en la que un grupo de personas mostraban carteles en favor de la iniciativa `Araba Bizirik´ que se ha concentrado en el exterior del Parlamento para pedir la paralización de la que han denominado como "Ley Tapia", ya que  posibilita que el Gobierno vasco "imponga su único criterio sin considerar las valoraciones de cualquier entidad local".