Si hace unos meses eran los impuestos y unas acusaciones de 'dumping fiscal' y de 'envidia', ahora lo cuestión discordante son los fondos europeos. Este dinero procedente de Europa ha vuelto a enzarzar a Urkullu y Ayuso con incluso un recurso de por medio. El Ejecutivo madrileño anunciaba el pasado miércoles que presentará un recurso ante el Tribunal Supremo contra el reparto a las comunidades autónomas, entre ellas Euskadi, de estos fondos por parte del Gobierno por excluir a la Comunidad de Madrid y repartirlos "de manera arbitraria".
Ahora, el lehendakari ha contestado a Ayuso defendiendo que Euskadi ha recibido un 3,5% de ese dinero, y que, "si fuera por criterios de parámetros ya conocidos históricamente, por debajo de la población, del PIB y de lo que establece el Concierto, supondría el 6,24%". De esta manera Urkullu también suma su propia queja al reparto y lanza otro mensaje más a la presidenta madrileña. Urkullu ha subrayado que el Gobierno vasco y él mismo "se esfuerzan en no contribuir a polémicas interesadas que alimenten la dinámica de enfrentamiento político político-institucional permanente desde hace ya demasiados años a escala estatal".
Tras apuntar que el País Vasco ha presentado "proyectos alineados con los criterios europeos y en colaboración con la iniciativa privada", el lehendakari ha asegurado que "es conocida desde el inicio de la tramitación la preocupación por la metodología de evaluación y asignación".
No ha sido el único que se ha pronunciado al respecto a este señalamiento. Por su parte, el Departamento de Trabajo y Empleo del Gobierno Vasco, dirigido por Idoia Mendia, ha enviado un comunicado acusando a Ayuso, y al PP, se usar la justicia de forma "partidista". En ese escrito asegura que el PP "utiliza los tribunales como excusa para cuestiones que tienen que ver con meras estrategias de partido y no de país" y añade que es "absolutamente inaceptable que se cuestione la finalidad y la transparencia" del uso de unos fondos sobre los que ha dado cuenta en el Parlamento de Vitoria.
Según recoge Efe, tras advertir de que no se puede admitir "ni media sombra de sospecha sobre unos recursos" en favor del fomento del empleo juvenil, el Ejecutivo vasco ha insistido en que es una "temeridad pretender paralizar la formación y contratación de jóvenes en situación de desempleo por intereses meramente partidistas".
"Rechazamos con contundencia cualquier acusación de favoritismo por razones políticas, que ni siquiera concuerdan con las siglas que gestionan el Ministerio y los distintos gobiernos que hemos presentado proyectos ajustados a las estrategias europeas", añade el comunicado en el que se pide el cese de "cualquier intento de enfrentar a comunidades" por el reparto de estos fondos.
Madrid no ha sido la única comunidad que ha protestado ante este reparto. La Junta de Castilla y León ha presentado un requerimiento, previo a la vía judicial, para que el Gobierno retire y cambie la propuesta de distribución de 9 millones de euros de fondos europeos para políticas activas de empleo entre cuatro autonomías (Euskadi, Navarra, Valencia y Extremadura), al entender que también debe participar de su reparto. Este procedimiento también lo llevó a cabo la Xunta de Galicia presidida por Alberto Núñez Feijóo.
El último en sumarse a la polémica ha sido el presidente cántabro, Miguel Ángel Revilla, que cree que el reparto es un agravio" y "una discriminación" hacia el resto, aunque no ha querido aclarar si acudiría a los tribunales. A juicio de Revilla, es "muy sorprendente" que el Gobierno central haya repartido con "discrecionalidad" y vía decreto esos fondos para País Vasco, Navarra, Extremadura y la Comunidad Valenciana, puesto que las dos primeras, ha añadido, "son de las que menos paro tienen". "Les ha tocado una pedrea de 9 millones", ha dicho Revilla.