Los Gobiernos central y vasco piden "despolitizar" los terceros grados a presos de ETA en Euskadi

El Gobierno vasco ha autorizado la progresión a tercer grado de una decena de presos de ETA que cumplen condena en cárceles vascas. El último, Unai Fano cinco meses después de que la Audiencia Nacional se lo revocase al no ver un "arrepentimiento expreso". Además, hay otros 26 que lo han pedido y se han quedado en segundo grado, según explicaba hace unos días la consejera vasca de Igualdad y Justicia, Beatriz Artolazabal. Esto despertaba la polémica entre los partidos políticos y también entre las víctimas y el delegado del Gobierno en Euskadi, Denis Itxaso, ha pedido por su parte que se "despolitice" la concesión de estos grados a presos de ETA.

Itxaso ha abogado por "dejar trabajar a los profesionales": "Hablamos de cumplir con la visión reinsertadora que la Constitución otorga a las penas privativas de libertad". En una entrevista en Radio Euskadi, ha recalcado que el tratamiento de los reclusos es siempre individualizado y opera de una manera "muy tasada, en la que intervienen juntas de tratamiento y jueces de vigilancia penitenciaria". El delegado del Gobierno ha advertido que, "en algunos casos", sus planteamientos pueden no coincidir con la opinión de la Fiscalía de la Audiencia Nacional.

Este es justo el caso de lo ocurrido con Unai Fano, el preso de ETA a quien la Audiencia Nacional revocó su petición de tercer grado porque no apreciaba "un arrepentimiento expreso" de los delitos y el daño causado, y veían este paso como "prematuro e improcedente". Sin embargo, el Gobierno vasco lo ha visto con otra perspectiva y ha dado luz verde a su petición. "Lo veo como algo consustancial al modelo y al procedimiento. Cada uno tiene que operar en el ámbito de sus competencias", ha argumentado en este sentido Denis Itxaso.

Es por ello que ha reclamado que se "despoliticen" estas decisiones para "salvaguardar el tratamiento individualizado" y ha recordado que "las vías de reinserción están consagradas en la Constitución". En esta línea, ha incidido en que las penas privativas de libertad "no son vengativas" y por ello, "hay que dejar trabajar a los profesionales y no politizarlo".

La consejera Artolazabal insiste en que estas concesiones se han realizado de acuerdo a un "escrupuloso" cumplimiento de la legalidad y el reglamento penitenciario. Ha explicado que las juntas de tratamiento de las prisiones vascas han propuesto desde octubre que se conceda la progresión de grado a 160 reclusos, entre los que se encuentran ese docena pertenecientes a la banda terrorista que "ya han cumplido una parte muy importante de sus condenas".

Beatriz Artolazabal asegura que para tomar esta decisión previamente hay un trabajo "riguroso, objetivo y científico", en el que evalúan la personalidad, la historia individual, la situación social y familiar, el historial delictivo, la duración de la pena, y otros factores que apuntan hacia el "éxito" que pueda tener la progresión de grado.

Toda esta situación ha despertado las críticas de algunas víctimas y también del PP. La AVT ya ha anunciado que solicitará a la Fiscalía de la Audiencia Nacional la concesión por el Gobierno vasco de la progresión de segundo a tercer grado penitenciario a ocho presos de ETA. Además, va a solicitar al Ministerio Público que revise cada uno de los casos de reclusos a los que se les ha concedido. Por su parte, Covite ha decidido seguir la misma senda y también han solicitado a la Fiscalía que se revisen, y acusando al Gobierno vasco de "mentir cuando nos aseguró que solo iba a conceder terceros grados a aquellos presos que tuvieran una clara voluntad de reinserción
y de desvinculación ideológica de ETA".

Desde el PP, el presidente de los populares vascos, Carlos Iturgaiz, ha opinado que el Gobierno Vasco usa la transferencia de prisiones "para colocar un puente de plata hacia la liberación de asesinos que ni se arrepienten ni ayudan a resolver asesinatos cometidos".