Un juez ha pedido explicaciones al alcalde de Zamudio por incumplir la sentencia que le condenaba debido al  acoso que sufre un vecino por parte del Ayuntamiento desde hace 17 años.  La sentencia, dictada el pasado mayo, declaraba ilegal un acuerdo del primer edil, Igoitz López (PNV), que señalaba un camino como público, con el que la intención última sería el derribo de unas estacas propiedad del afectado. Este litigio ya motivó, hace 11 años, la condena por prevaricación de la anterior alcaldesa Sorkunde Aiartza, también del PNV.

La condena contra el actual alcalde se debio por la intervención personal de López en vez del pleno del Ayuntamiento, la institución que abrió la investigación del camino. Pero el primer edil, en vez de retrotraer las actuaciones, ha obviado el fallo judicial y volvió a aprobar la declaración del camino como público en un pleno celebrado el pasado 1 de septiembre. Además, el asunto pasó por la comisión municipal de Urbanismo, celebrada en agosto, y en la que alcalde actuó como secretario municipal.

Hace casi dos años, el juzgado de lo contencioso administrativo 5 de Bilbao abrió una investigación sobre el acuerdo adoptado a principios de 2020 por pleno municipal de Zamudio (gobernado con mayoría absoluta del PNV) que aprobó declarar un camino como público. Esta vía pasa al lado del caserío donde reside el vecino acosado, José María Zarate, quien sufre la persecución del ayuntamiento por la colocación de unas simples estacas en su propiedad.

Los palos fueron derribados ilegalmente en 2006 por la entonces alcaldesa Sorkunde Aiartza (PNV). Por esa decisión, fue condenada por prevaricación e inhabilitada durante nueve años para cualquier cargo público, y las estacas tuvieron que reponerse.Pero el acoso prosiguió. Las dos sentencias judiciales que condenaron en 2011 a la exalcaldesa fueron incumplidas por el ayuntamiento de Zamudio, que hasta tres años después, en 2014, no aprobó la licencia de obras y la recolocación de las estacas. Sin embargo, meses después, el actual alcalde Igoitz López informó a Zarate que el conflicto continuaba abierto “a instancias de varios vecinos” y no ha facilitado a día de hoy la licencia de fin de obra.

Desde entonces, la estrategia del Consistorio se ha dirigido a querer demostrar que el camino es público, cuando las sentencias judiciales que condenaron a la anterior alcaldesa señalan que es un camino de titularidad privada, algo también ratificado en el catastro. La intención final era volver a derribar las estacas. Solo en la gestión para declarar el camino público, el Ayuntamiento se ha gastado hasta finales de 2018 más de 12.500 euros, según ha certificado el interventor municipal.

Desde 2018 ha abierto varios expedientes sobre el camino y finalmente en 2020 el ayuntamiento aprobó declarar el camino como público. El afectado está convencido de que, con esta declaración, el Consistorio quería volver a ordenar la retirada de las estacas que ya le costaron el cargo a la entonces alcaldesa hace 11 años. Por ello, hace más de un año interpuso un recurso contencioso administrativo contra el acuerdo del Ayuntamiento, en investigación por el juzgado de Bilbao.

Este acuerdo fue autorizado por un funcionario que es el animador sociocultural en Zamudio y que actuó como secretario municipal “accidental”, ya que el titular José Ignacio Arberas es familiar del vecino que ha protagonizado denuncias contra Zarate.

El juzgado de lo contencioso administrativo 5 de Bilbao declaró ilegal el acuerdo, según la sentencia dictada el pasado 3 de mayo. Explicó que fue el alcalde quien rechazó el recurso presentado por el vecino a dicho acuerdo, en vez del pleno municipal. Ello conlleva la “nulidad” por la “falta de competencia del alcalde para resolver el recurso de reposición”.

Así, el juez declaró “contrario a Derecho” el expediente abierto sobre el camino y ordenó la “retroacción de las actuaciones” y la devolución del “expediente a la Administración demandada”, el Consistorio de este municipio vizcaíno.

Pero el alcalde ha incumplido la sentencia y en las vacaciones veraniegas se convocó una comisión municipal y un pleno en el que volvió a aprobar la declaración contra el vecino acosado. Tampoco ha pagado las costas judiciales que le impuso el magistrado.

El juez, en una providencia dictada el pasado 7 de octubre, exige al Ayuntamiento que “informe por escrito a este Juzgado sobre las actuaciones practicadas en orden al cumplimiento de lo dispuesto en el fallo”. Y lanza una advertencia al consistorio de Zamudio que, “si fuera preciso, el Juzgado, previa audiencia de las partes, adoptará las medidas necesarias para lograr la efectividad de lo mandado”.