El Gobierno vasco ha reservado una partida presupuestaria de 100.000€ para sufragar posibles sanciones europeas a cuatro vertederos: Angio (Elorrio), Caserío Erratzugoi (Urretxu), Caserío Usandizaga (Azpeitia) y Cantera Jauregi (Hernani). Se trata de una partida que se ejecutaría directamente o de manera subsidiaria, en caso de que los titulares de los vertederos, Jose Sarraoa Artabe, Santiago Salaberria Arrieta, lasaomendi, S.A. y José María Echezarreta Larburu, no asumieran el coste de las sanciones.
Que esta previsión conste en el proyecto de Presupuestos es especialmente sintomático. Sobre todo después de lo ocurrido en el vertedero de Zaldibar en febrero de 2020, cuando una avalancha de residuos provocó la muerte de varios trabajadores. Y también después de que otros vertederos hayan estado ya en la picota por no reunir las condiciones óptimas.
Vertedero de Zaldibar. /EP
Paga el Ejecutivo
“La Comisión Europea no sancionará a ningún propietario de vertedero, la sanción recaerá sobre esta administración pública”, ha remarcado el Ejecutivo en su proyecto de Presupuestos. Así, se haría responsable de la cuantía de estas multas, pese a no recuperar este dinero, como ya ha ocurrido con los casi 30 millones que se invirtieron en los trabajos tras el derrumbe de Zaldibar y que la empresa propietaria, Verter Recycling, no ha devuelto.
La infracción que supuestamente se atribuiría, según explica el propio Gobierno vasco, estaría ligada al uso de estos lugares, que han venido soportando una actividad de vertedero de residuos inertes sin que se hubieran adoptado las medidas oportunas para ello.
De estos cuatro vertederos, dos se encuentran sin actividad desde hace tiempo y por lo tanto, inactivos en este momento. El vertedero de Erratzu recibe tierras para su sellado y el cuarto emplazamiento es un hueco minero que ha sido restaurado con residuos inertes.
Como medida de control y corrección para revertir estas infracciones detectadas por Europa, y tras lo ocurrido en el vertedero de Zaldibar, hechos por los que ahora están imputados tres técnicos del Gobierno vasco, desde el Ejecutivo ya han realizado diversas inspecciones y requerimientos, así como retiradas de residuos y la ejecución de proyectos de sellado. “Procesos largos y complicados por la titularidad de algunas de las instalaciones que han motivado la voluntad y necesidad de actuación subsidiaria por parte de la administración”, ha explicado.