Este miércoles se celebra la segunda huelga en la educación pública vasca. Hasta 30.000 trabajadores están llamados a no trabajar como protesta contra la nueva Ley de Educación que todavía se tramita en el Parlamento vasco. En esta tesitura, el Gobierno vasco confirmaba este martes que la legislación se aprobará en el primer trimestre del próximo año en vez de en este mes de diciembre. ¿Una demora contra las protestas?
En realidad, el anuncio del Ejecutivo viene a confirmar un secreto a voces. Porque el plazo previsto, que estipulaba que la Ley sería una realidad antes de que acabe 2022, era demasiado optimista en origen. Y se convirtió en todavía menos realista a raíz del altísimo nivel de contestación contra la ley por parte de numerosos agentes educativos.
A vueltas con los tiempos
Diversas fuentes parlamentarias consultadas por este diario incluso dudan que la Ley pueda estar lista en el nuevo plazo. Se antoja complicado que en los próximos tres meses pueda conseguirse porque enero es inhábil en el Parlamento vasco y porque son muchas las exigencias de numerosos colectivos que ahora tanto el Ejecutivo como los partidos tienen que estudiar con detenimiento.
Ahora mismo, de hecho, el departamento de Educación que dirige Jokin Bildarratz estudia todas esas reclamaciones. Reclamaciones que, como viene contando este diario, se unen a las demandas de algunos de los partidos que firmaron meses atrás el propio acuerdo educativo que tiene que traducirse en esta ley.
El consejero de Educación, Jokin Bildarratz.
La huelga de este miércoles
En este difícil contexto, este miércoles se celebra la segunda huelga convocada por los sindicatos nacionalistas ELA, LAB y Steilas, este último mayoritario. Además de parar los colegios e institutos públicos, hay convocada una manifestación que se prevé multitudinaria en el centro de Vitoria.
Dichos sindicatos consideran que el borrador del anteproyecto de la nueva Ley, que como se ha dicho aún se está tramitando, no permite superar el actual modelo educativo dual, sino que, además, lo perpetúa. Frente a eso, ELA, LAB y Steilas abogan por una legislación que limite el papel de la educación concertada frente a la pública y que apueste más claramente por el euskera como única lengua vehicular.
Desde el propio Gobierno vasco, el citado Bildarratz ya ha criticado que esta es una huelga "difícil de entender", entre otras cosas porque el plazo de alegaciones está abierto en el Parlamento para recoger distintas reflexiones y aportaciones. En esa línea, el portavoz del Ejecutivo, Bingen Zupiria, afirmaba este martes que la huelga "no se entiende" y señalaba que los citados sindicatos prefieren optar por la "presión" en lugar de por la "negociación" con el fin de que EH Bildu y Elkarrekin Podemos-IU se replanteen su permanencia en el pacto educativo.