El buque Aita Mari se enfrenta a una multa del Gobierno de un millón de euros

El pesquero vasco Aita Mari, transformado en buque de salvamento, podría enfrentarse a una multa de un millón de euros por varias infracciones detectadas en el barco hace tres años en una inspección en Italia, han confirmado a Efe fuentes de la ONG Salvamento Marítimo Humanitario, propietaria de la embarcación. 

La ONG ha indicado que presentará alegaciones al expediente sancionador, que le ha sido comunicado a través de la Capitanía Marítima de Valencia, perteneciente al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. No obstante, la cantidad de la multa podría variar en función del "pronto pago" de la misma o de las infracciones que finalmente se contemplen en el proceso, han precisado las fuentes.

Este caso se remonta a 2020, cuando el Aita Mari se encontraba en Palermo (Sicilia), donde fue sometido a una inspección por parte de las autoridades portuarias, que detectaron una serie de irregularidades que llevaron a inmovilizar el barco.

La Guardia Costera italiana informó entonces en un comunicado de que la inspección había detectado "varias irregularidades técnicas y operativas" que podían "comprometer la seguridad, no sólo de la tripulación, sino de todas las personas a bordo" y que habían evidenciado "algunas violaciones en la protección del medio marino".

Salvamento Marítimo Humanitario asegura que todas las deficiencias fueron subsanadas y que "la mayoría" de ellas estaban relacionadas con la documentación, sin afectar a la seguridad de la embarcación.

No obstante, el caso siguió su tramitación conforme a la normativa internacional hasta que este pasado jueves los responsables de la ONG fueron informados de la apertura del correspondiente expediente sancionador.

El presidente de Salvamento Marítimo Humanitario, Iñigo Mijangos, ha enmarcado aquella inspección en una "campaña" impulsada por el Gobierno italiano para "detener los barcos de salvamento de la flota civil de rescate".

A su juicio, fue "una campaña más política que realmente relativa a la seguridad de los barcos", de la que "deriva este proceso sancionador" al que la organización presentará "las alegaciones correspondientes" y esperará "la respuesta del funcionario instructor del proceso".

Ha asegurado que "esta situación no tiene nada que ver con el despacho del barco, que es independiente y separado, y cuya inspección se realizará el próximo martes". Mijangos ha confiado en que "resulte todo satisfactorio y el barco pueda salir sin mayores dificultades" del expediente sancionador.

La noticia de la posible sanción al Aita Mari ha generado la reacción de instituciones y partidos vascos como el Ejecutivo autonómico que ha defendido los "valores humanos y solidarios" del barco y ha deseado que "pueda salir lo antes posible en misión humanitaria".

El director vasco de Migración y Asilo, Xabier Legarreta, ha reconocido en un comunicado que desconoce "los detalles del procedimiento y expediente abierto por el Gobierno español" pero ha asegurado que, "en todo caso", las "instituciones públicas están para desbloquear conflictos y apoyar iniciativas como ésta, que salvan vidas".

El diputado del PNV Iñigo Barandiaran, por su parte, ha remitido a la Mesa del Congreso una batería de preguntas en las que solicita al Gobierno información por escrito sobre este asunto.

El grupo parlamentario de EH Bildu en el Congreso ha pedido la comparecencia de la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, para que explique "los motivos, razones y situación del expediente sancionador" abierto al Aita Mari.

Más dura ha sido la secretaria general de Podemos Euskadi, Pilar Garrido, que ha afirnado que "el PSOE debe retirar inmediatamente el expediente abierto al Aita Mari" porque se trata de "un barco humanitario que cumple la función que deberían cumplir los Estados Europeos".