EH Bildu ha solicitado la creación de una comisión de investigación en el Congreso sobre los sucesos ocurridos el 3 de marzo 1976 en la Iglesia de Zaramaga, en Vitoria, que según la coalición soberanista, "se trata de la mayor agresión vivida en la capital alavesa contra la clase trabajadora", y en la cual cinco trabajadores perdieron la vida y más de cien resultaron heridos.
Como han señalado en un comunidado de prensa, la comisión planteada tiene como objeto "investigar la implicación y la responsabilidad de la Policía Armada", en aquel acontecimiento, "esclarecer el grado de conocimiento, implicación y responsabilidad" del Gobierno de España, y conocer "la posible implicación penal" de los ministros: Rodolfo Martín Villa, Manuel Fraga Iribarne y Alfonso Osorio, "directamente implicados", según Bildu.
A tan solo dos días de que se cumplan 47 años de la tragedia, desde la coalición aseveran que se conserva "un manto de secretismo e impunidad", ante unos hechos por los que "nadie ha pagado", y denuncian que los documentos e información relativos a lo ocurrido "siguen bajo secreto", pese a los "numerosos intentos" realizados por la jueza Maria Servini por investigar y juzgar este caso, y pese a la querella argentina contra los crímenes del franquismo.
Imagen de la exposición sobre los sucesos del 3 de marzo de 1976 en Gasteiz / EP
"Depurar responsabilidades"
En este sentido, han asegurado que "sigue imperando la versión oficial de la dictadura franquista que criminaliza a las víctimas", y han lamentado que ninguna de las investigaciones e imputaciones "hayan prosperado", entre las que han destacado la orden de denteción cursada por parte de Servini contra 20 acusados de crímenes relacionados con el franquismo, entre los que se encontraba el exministro Rodolfo Martin Villa.
Así, han aseveradon que las reclamaciones al Estado por responsabilidad civil "tampoco han sido atendidas", entre ellas la interpuesta por la asociación Martxoak 3. Además, desde Bildu han afirmado que tanto el Gobierno como la Justicia española "se han negado reiteradamente a colaborar con dichas querellas", razón que han visto como legítima para impulsar desde el Congreso esta comisión de investigación "que arroje luz sobre lo sucedido" y "depure las responsabilidades oportunas".
"Solo el Gobierno español sigue anclado en el negacionismo y la negativa a colaborar en el esclarecimiento", insisten.