El Ejecutivo de Íñigo Urkullu ha autorizado este martes un recurso de inconstitucionalidad que llevará al Tribunal Constitucional (TC) contra un apartado de los últimos Presupuestos Generales del Estado (PGE) que, según han apuntado desde el Gobierno, “vulnera” el Estatuto de Gernika y por tanto en el autogobierno vasco, y "se inmiscuye" en labores ejecutivas de la administración autonómica. Una medida que pone en un compromiso a la parte de la coalición compuesta por el PSE-EE.
Según ha explicado el portavoz del Ejecutivo, Bingen Zupiria, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, el apartado que se recurre es la disposición adicional 112 de los PGE, la cual, “sin previa consulta” y "unilateralmente", obliga a la Comunidad Autónoma Vasca al uso de un aplicativo de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) en la tramitación de todas las subvenciones y contratos que los órganos vascos otorguen en la ejecución de los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR).
Por esta razón, han denunciado la "imposición" de una herramienta informática estatal, denominada Minerva, que ha de utilizarse en procedimientos de subvenciones y contratos relacionados con los fondos “Next Generation” concedidos por la Unión Europea, que incluye "un control estatal sobre la imparcialidad" de los cargos y empleados autonómicos. Es decir, una competencia que ya tiene Euskadi por cuenta propia y por tanto debería ser decisión de la propia comunidad utilizar, o no, dicha herramienta estatal.
En este sentido, han apuntado que los servicios jurídicos centrales, adscritos al Departamento de Gobernanza Pública y Autogobierno que dirige que la consejera Olatz Garamendi, han llegado a la conclusión de que estas herramientas son una "imposición del Estado", y por tanto se "vulneran las competencias vascas"
El Lehendakari, Iñigo Urkullu, saluda al secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza, en el Parlamento vasco / Europa Press
Cisma entre PNV y PSE-EE
Parece que un recurso como este podría provocar ciertas tensiones entre los socios de la coalición de gobierno vasca, PNV y PSE-EE, puesto que los presupuestos contra los que se interpondrá este recurso llevan la firma del Ejecutivo de Pedro Sánchez. Sin embargo, como ha asegurado Zupiria y han reiterado desde la formación socialista, la medida ha sido aprobada sin la oposición de ningún miembro del Ejecutivo.
De hecho, ambas partes han mostrado una imagen de unidad, a pesar de que lo que se está promoviendo es un reclamo directo contra el propio Gobierno de España y por tanto contra el Partido Socialista, lo que pone en una situación incómoda a un PSE que todavía no ha hecho una declaración formal sobre el asunto.
El portavoz del Gobierno vasco, Bingen Zupiria, este martes en Vitoria. / Efe
Un requerimiento de incompetencia contra el Estado
Con todo esto, el Consejo de Gobierno ha aprobado remitir un requerimiento de incompetencia ante el Constitucional, en contra del Ejecutivo de Pedro Sánchez para que este "derogue o modifique" una orden de desarrollo de la citada disposición adicional de la Ley de Presupuestos, aunque previamente el Gobierno vasco instará al Estado a abrir una negociación en la Comisión Bilateral correspondiente.
La orden recién mencionada explicita detalladamente el funcionamiento de esta herramienta, la cual se encargará de evaluar el riesgo de conflictos de interés en la administración vasca, atribuyendo las funciones consultivas a unos "comités antifraude" que desde el Ejecutivo vasco han rechazado al considerar que no se han implantado ya en Euskadi porque "no son necesarios".
Desde el Ejecutivo han criticado también "las amplias facultades" otorgadas en este apartado a la Intervención General de la Administración del Estado, que podrá "emitir informes para resolver dudas", cuando esta competencia debería atribuirse a la intervención del Gobierno de Euskadi o a otro órgano experto vasco. Además, han recordado que la Constitución establece que el Estado "no puede" atribuirse el control directo de los empleados y cargos públicos autonómicos.
Finalmente, tras este requerimiento, el Gobierno central tiene un periodo de tiempo para contestar si se considera o no competente para obligar al uso de dicha herramienta, y según su respuesta, el Ejecutivo de Íñigo Urkullu tendrá la posibilidad de recurrir a la vía jurisdiccional para plantear un conflicto de competencias ante el TC.