La Audiencia de Álava da diez días a los condenados del 'caso De Miguel' para entrar en prisión

Los principales condenados del 'caso De Miguel', el mayor escándalo de la corrupción habido en Euskadi en los últimos años, tienen diez días para acudir a la Audiencia Provincial de Álava para recoger el mandato de entrada en prisión. En cuanto acudan, serán encarcelados. Y, si no acuden, las Fuerzas de Seguridad los pondrán en busca y captura. 

Ese es el punto más importante de la comunicación que la Audiencia Provincial alavesa ha enviado este jueves a Alfredo de Miguel, exnúmero dos del PNV de Álava, y a los también ex 'burukides' condenados Aitor Tellería y Koldo Ochandiano y al exdirector de Juventud del Gobierno vasco Javier Sánchez Robles, después de que este miércoles se supiera que el Tribunal Supremo ya había remitido la notificación en la que sus condenas por corrupción son firmes. 

Como ya contaba Crónica Vasca, dicha notificación dejaba a los principales condenados del caso a un paso de la cárcel. Y el movimiento de la Audiencia de este jueves acelera más ese proceso. Así, como ya se ha dicho, en un plazo de diez días los cabecillas de la trama corupta acabarán entre rejas. 

Este periódico ya viene informando sobre que estos condenados por delitos de corrupción intentarán en algunos casos aducir motivos de salud para eludir su entrada a la cárcel. Según las fuentes consultadas, sólo Tellería tiene opciones reales de conseguirlo. 

En paralelo, el Gobierno vasco ya ha anunciado que ahora, siendo firme la sentencia, los citados De Miguel y Otxandiano serán despedidos de la Fundación Hazi y el Parque Tecnológico de Álava, respectivamente.

La sentencia del Supremo sobre este caso, conocida el pasado enero, dejaba claro que, como ya sentenció la Audiencia alavesa, los tres líderes de la trama (Alfredo de Miguel, Koldo Ochandiano Credilla y Carlos Aitor Tellería) cometieron varios delitos para lucrarse "prevaliéndose de su capacidad de influencia política". Todos ellos eran miembros de la ejecutiva alavesa del Partido Nacionalista Vasco (PNV). Entre otras cosas, conseguían que determinadas administraciones públicas firmasen contratos con empresas que operaban de forma fraudulenta.