El Gobierno vasco no tiene "ninguna duda" de que los presos de ETA en tercer grado se arrepienten

El Gobierno vasco saca pecho por su política penitenciaria. El juez y asesor en esta materia del Ejecutivo, Jaime Tapia, no tiene "ninguna duda" de que los presos de ETA a los que se les concede el tercer grado penitenciario están arrepentidos de sus acciones terroristas incluso aunque no usen de manera expresa la palabra 'perdón'.

Ese término es precisamente una de las "discrepancias jurídicas de matiz" entre el Ejecutivo autonómico y la Audiencia Nacional (AN), que ha revocado diez de las 39 progresiones concedidas a presos de ETA y que "exige" el uso de la palabra 'perdón', cuando Tapia entiende que hay "expresiones que humana y simbólicamente significan lo mismo".

En lugar de refugiarse en la palabra 'perdón' como un "tótem" aboga en una entrevista con Efe por validar "expresiones similares que denotan arrepentimiento, reconocimiento del daño, voluntad de que las cosas no vuelvan a ocurrir y empatía o consideración hacía las víctimas" lo que en "la práctica es lo mismo que 'perdón'". Para determinar si se trata de una expresión "sincera y honrada" que verdaderamente muestre un arrepentimiento hay que observar y entrevistar al preso en el propio centro penitenciario donde juristas, trabajadores sociales y educadores "identifican si realmente hay esa actitud similar o análoga al perdón".

Esos expertos emiten un informe que se incorpora a otros documentos para dar "fundamento a decir que se cumple el requisito" de pedir perdón de manera expresa. Por ello cuando las Juntas de Tratamiento de la cárcel plantean la progresión de grado de un preso etarra Tapia tiene claro que "hay un arrepentimiento".

"Ninguna duda" sobre el arrepentimiento

"No tengo ninguna duda porque me fío de los expertos que trabajan con ellos. Esa es la mejor prueba del algodón" y es más valioso que un perdón que puede ser "falso o utilitarista", expone. Tapia recalca que las progresiones de grado a presos de ETA están "motivadas" y se basan en un análisis "riguroso, exhaustivo y caso a caso" y concluye que, a la vista de los autos de la Audiencia Nacional en los que ha revocado la concesión de terceros grados, solo hay "discrepancias de matiz".

"No es una batalla, ni tan siquiera jurídica. Es una discrepancia jurídica en términos de respeto, sobre todo de nuestra parte hacia el Poder Judicial", asegura el asesor del Gobierno vasco, que recalca en este sentido que, tras cada revocación, la Administración autonómica intenta "adaptar el tratamiento penitenciario de esa persona a la resolución judicial".

Desde que Euskadi asumió la gestión de la cárceles en octubre de 2021 se han concedido 668 terceros grados, 41 de los cuales a presos de ETA (39 por parte del Gobierno vasco y 2 por la propia AN). Este órgano judicial ha revocado en este tiempo 10 progresiones, una cifra que a Tapia no le hace sentir "desacreditado" porque el 65% de los terceros grados han sido respaldados, como tampoco se siente "alabado" cuando se confirman las decisiones de su equipo.

La nueva doctrina del Supremo

En cuanto a la nueva doctrina del Tribunal Supremo según la cual un recluso en tercer grado debe volver a la cárcel cuando el fiscal recurra su régimen de semilibertad y esperar en prisión a que se resuelva el fondo del asunto, Tapia no tiene "nada que decir" más allá de "respetar y cumplir" esta y todas las decisiones judiciales.

Recuerda no obstante que la suspensión del tercer grado a Xabier Atristain y Juan Manuel Inziarte por parte de la Audiencia Nacional en aplicación de esta nueva doctrina "no cuestiona" la pertinencia de la progresión de grado y, de hecho, puede ocurrir que la Audiencia determine finalmente que la progresión de grado fue "correcta".

Por otro lado, Jaime Tapia "comprende humanamente" que haya víctimas de ETA que critican que los terroristas logren la semilibertad, pero les recuerda que "las leyes hay que cumplirlas para las víctimas y para los victimarios". Asegura no obstante que "hay muchos casos" en los que no se conceden progresiones de grado a presos de la banda "aunque parezca lo contrario". Solo lo consiguen cuando se cumplen los requisitos, subraya.

El asesor del Departamento de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales "respeta y entiende" a las víctimas, entre las que se incluye porque durante su etapa como juez pasó 12 años con guardaespaldas y su vida se vio "muy condicionada" por la amenaza terrorista. "He sufrido mucho y mi familia también pero me tengo que sobreponer y tengo que cumplir la ley", concluye.