Podemos acusa al Gobierno vasco de marcar “un golazo de 36 millones contra la educación pública”

El Ejecutivo de Íñigo Urkullu ha presentado este jueves una petición al Ministerio de Educación para que plantee la posibilidad de “redirigir” 11 millones de euros de los fondos europeos a la educación de 0-3, una partida destinada inicialmente a crear nuevas plazas públicas en la etapa de educación infantil y que sumados a los 25 millones de euros ya destinados a escuelas de titularidad privada con este ciclo, supone una cifra que escala hasta los 36 millones. 

Ante esta decisión, la portavoz de Elkarrekin Podemos-IU, Miren Gorrotxategi, quien ha puesto cifras al asunto, ha aseverado en una rueda de prensa en el Parlamento vasco que el Gobierno ha “renunciado” a estos fondos, y ha acusado al Departamento de Educación, dirigido por el consejero Jokin Bildarratz, de “topar” la oferta de plazas en infantil, precisamente porque este dinero iba dirigido a la educación pública.

Algo que, según Gorrotxategi, “va en contra” de lo que Bildarratz aseguró el pasado 28 de febrero cuando afirmó que "el único límite que se fija para los centros públicos es el que se deriva de sus propias instalaciones", y que, además, rompe con el pacto educativo suscrito en abril del pasado año, el cual plantea como uno de los objetivos principales reforzar el consorcio "Haurreskolak".

Así, la parlamentaria de la formación progresista ha criticado al PNV y al PSE-EE por rechazar una partida de 11 millones y dedicar otros 25 a la educación privada, y ha manifestado que la posición de los socios que componen el Gobierno es “un golazo de 36 millones contra la educación pública”, en la Comunidad Autónoma Vasca.

Una discusión en plena brecha por la Ley de Educación

La petición del Gobierno de Urkullu llega en un momento de tensión entre Podemos y el resto de partidos que en su momento firmaron el pacto educativo: PNV, PSE y Bildu, para llevar adelante la nueva Ley Vasca de Educación. Una disputa cada vez más acentuada que parece tener a la coalición morada al borde de echarse atrás con dicho acuerdo, y que complicaría el espíritu “unitario” de esta norma. 

Por ello, Gorrotxategi ha considerado que este es un "incumplimiento flagrante del pacto educativo" y se ha referido al resto de los firmantes del pacto educativo, aseverando que desde su grupo parlamentario, "no saben qué pensarán”, ni “si van a facilitar esta deriva o si van a oponerse".

Además, ha acusado al Ejecutivo de actuar “en contra los intereses de la escuela pública" y de estar "lejos de cumplir con el pacto educativo", y ha señalado que desde Elkarrekin Podemos-IU "no van a aceptar" esta postura, asegurando que el Gobierno ha incumplido el pacto “de manera directa", por lo que la confianza de su formación para que el Ejecutivo cumpla el acuerdo de educación es "nula".

"Renuncia expresa” a los fondos

Según se ha explicado, la idea de cambiar el destino de esta partida económica, producto del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y por tanto de los fondos Next Generation, está recogida en una carta del consejero de Economía y Hacienda, Pedro Azpiazu, en la que asegura que el acuerdo de la Conferencia Sectorial de Educación del 13 de diciembre de 2022, donde aprueba la distribución de las partidas por autonomías, no se incluye a Euskadi "al haber renunciado a los fondos del ejercicio 2022".

Sin embargo, Azpiazu niega esta renuncia y apunta que su intención al redirigir estos 11 millones es la de responder a las necesidades del ciclo 0-3 años, en vez de a crear nuevas plazas. En una línea similar, Bildarratz se ha excusado en que ya existe “una oferta pública suficiente” de este tipo de plazas para atender “prácticamente a toda la demanda existente".

Asimismo, el consejero, en respuesta a las acusaciones de Podemos, ha negado que hubiera una "renuncia expresa" a estos fondos, y a señalado que en Euskadi se pretende crear 73, 76 y 34 plazas públicas entre 2022 y 2024, lo que está muy por debajo de las 506 anuales que el Ministerio pide para acceder a estos fondos.