El Servicio Vasco de Salud ha dado a conocer este martes las fechas en las que se celebraran las pruebas de la nueva Oferta Pública de Empleo (OPE), para acceder a las nuevas plazas de Osakidetza. En concreto, durante julio y noviembre tendrán lugar estos exámenes con los que lograr uno de los 7.639 puestos a ocupar en 110 categorías. Todo ello con el objetivo de cumplir uno de los principales retos recogidos en el Marco Estratégico 2020-2024, el cual pretende estabilizar 4.000 plazas de este servicio en los cuatro años de legislatura. 

Así, como ha señalado la consejera de Salud, Gotzone Sagardui, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno, se trata del proceso "más multitudinario de estabilización y consolidación de empleo público en la historia de Osakidetza", cuyas pruebas se realizarán entre el campus de la UPV/EHU de Vitoria y el BEC de Barakaldo. 

En esta línea, ha destacado que en total se han inscrito 109.029 personas para lograr plaza en esta OPE de reposición de los años 2020, 2021 y 2022 y de estabilización de 2021, la cual, sumada a la anterior de 2018-2019 -que tuvo 116.793 aspirantes y que actualmente se encuentra en fase de valoración de méritos-, alcanzará las 11 mil plazas, un tercio del personal del Servicio Vasco de Salud. 

Resultados provisionales



Sagardui ha explicado que del total de plazas convocadas en estos exámenes, 6.082 se ofertan por concurso-oposición, es decir, con pruebas selectivas, mientras que el resto, 1.557, se distribuirán a través de la valoración de méritos. En concreto: 2.228 plazas serán para Enfermería; 1.231 y 727 para Auxiliar de Enfermería y Auxiliar Administrativo respectivamente; 331 para Celador; 497 para Operario de Servicios; 314 para ocupar las plazas de Medicina de Familia; 151 para Urgencias; y para 135 para Anestesia-Reanimación. 

Con esto, la consejera ha asegurado que Osakidetza "no se está desmantelando" y ha destacado "el esfuerzo" del Ejecutivo al que ella pertenece tiene como prioridad mantener de la mejor forma posible este servicio público que, si en el pasado era una de las "joyas de la corona" de Euskadi, en los últimos años se ha convertido en uno de los principales quebraderos de cabeza para el Ejecutivo de Iñigo Urkullu.

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