El pasado 25 de abril el Gobierno vasco aprobaba el proyecto de la futura ley de Educación; un escrito al que el propio ejecutivo catalogaba como “fiel y leal” al pacto firmado un año antes, el 7 de abril de 2022, y que tiene a “la escuela pública como eje principal”. Socios de gobierno, la mayoría de la oposición -exceptuando EH Bildu- y sindicatos con representación en el ámbito han criticado este documento, asegurando que se ha hecho “a espaldas” de algunos de ellos; tanto es así que Steilas, el sindicato mayoritario en la educación vasca, evitaba asistir a la reunión que el Departamento de Educación denominaba “mesa entre sindicatos”, el pasado 4 de mayo, ya que su intención, según Nagore Iturrioz, portavoz de este sindicato, “es la de negociar de forma real y efectiva nuestras condiciones laborales”, algo que, al hilo de los acontecimientos, dan por sentado que el Gobierno vasco no está, al menos de momento, dispuesto a hacer.
La intención del acuerdo firmado en abril de 2022 era conseguir una ley lo “más abierta y consensuada posible”. ¿En su opinión, este consenso se ha logrado?
No sé ni si ha existido tal consenso desde un principio. Es verdad que ha sido un proceso participativo y que el Departamento de Educación se ha reunido con nosotras de forma más cercana para debatir este proyecto. Pero para nosotras está muy claro que esta ley se ha hecho a espaldas de quienes defendemos la escuela pública vasca y que nuestras reivindicaciones no se han recogido. Hasta día de hoy hemos estado en todos los espacios en los que se nos ha solicitado y hemos comunicado nuestras reivindicaciones pero desde hace tiempo se nos dijo que nuestras propuestas iban en otras direcciones diferentes a las del Departamento.
Por tanto, ¿el Gobierno vasco descartó las propuestas lanzadas desde Steilas?
Nuestra propuesta está basada en una red pública de educación y una de las voluntades que el Departamento ha tenido al desarrollar esta ley ha sido el equiparamiento de la red pública y privada. De manera que, mientras que gracias la última ley, la de 1993, la ley de la Escuela Pública Vasca, se abrió un proceso de publificación, que aunque no se consiguió supuso un paso grande; esta vez ese no es el objetivo. No quieren que la red pública aumente, creemos que el objetivo de esta ley es que se asegure y se quede todo como está. Aunque, la esperanza es lo último que se pierde; así que la esperanza y la fuerza para seguir luchando por la educación pública no la vamos a perder nunca. Creemos que podemos tener una ley mejor y creemos que habrá espacio para conseguirla.
El pasado 4 de mayo desde Steilas descartaron acudir a la denominada “mesa entre sindicatos”... ¿Existe opción a diálogo?
Nosotros tenemos mesas de negociación con el Departamento de forma habitual. A las que hemos acudido siempre, ya que el Estatuto Básico del Empleado Público establece que este es el espacio en el que negociar sobre nuestros derechos laborales. A la que no atenderemos es a esta mesa, a la que ellos han llamado mesa entre sindicatos, y que no tiene legitimidad jurídica. No entendemos cuál es realmente su función porque no tiene una efectividad real en cuanto a la negociación de derechos laborales. Es más un lugar de representación para dar apoyo al proceso legislativo.
Recapitulando… Como sindicato educativo con mayor representación en Euskadi están al tanto de las necesidades y carencias de la comunidad educativa vasca, entre ellas, como ya han comentado en otras ocasiones, la segregación escolar. ¿Consideran que este proyecto de ley aborda estas necesidades?
No las aborda. Creemos firmemente eso y lo venimos diciendo desde el principio. Durante mucho tiempo aquí ha habido un debate -en ocasiones negación- sobre la segregación escolar, por ejemplo. La segregación está directamente vinculada al sistema dual público-privado, y en este aspecto Euskadi está prácticamente a la cabeza, solo lo supera Bélgica en Europa. Es innegable que la segregación es el mayor problema que tenemos en nuestro sistema educativo, por eso lo que hay que hacer es modificar el sistema educativo.
Es evidente que una vez corregido este ámbito todavía quedarán retos que superar para acabar con la segregación pero si no se pone el requisito de acabar con el sistema dual y todo se mantiene igual, esta ley, desde luego, no va a provocar pasos adelante ni en la calidad de nuestra educación, ni en la equidad. Es un paso atrás.
El proyecto de ley deja ‘abiertos’ ciertos temas como el de los modelos lingüísticos y el uso del euskera en las aulas. Lo que se extrae del documento es que será cada centro el que determine de qué manera se utilizará el euskera en clase dependiendo de las características del alumnado del mismo. ¿De qué manera esto puede afectar a su uso?
Sin lugar a dudas puede ser perjudicial para el fomento del euskera. El tema del euskera es ilustrativo sobre cómo se han tomado las decisiones respecto a muchas cosas. Siempre se habla de mecanismos de control, de poner medidas pero luego cuando llegas a los mecanismos reales no son efectivos. Tenemos claro, y los diagnósticos nos alertan, de lo preocupante que es la situación del euskera a día de hoy; por lo que el objetivo de la educación debe ser implementar y reforzar el uso del euskera.
Aquí en lugar de introducir un refuerzo para el uso del euskera, se mantienen los modelos y se obliga a todos los centros educativos a introducir un proyecto lingüístico, con el que se entiende, pero no se asegura, que en algún momento el alumnado obtendrá un nivel B2 de euskera. Lo que han hecho es generar un elemento, que es el proyecto lingüístico y han obligado a todos los centros a ponerlo, que no tiene que ir dirigido necesariamente al euskera. Por tanto, esto no asegura ninguna medida para que la gente vaya a mejorar su capacidad lingüística en euskera.
El consejero de Educación, Jokin Bildarratz, con dos alumnas
Según la VII Encuesta Sociolingüística del Gobierno vasco, el 89,3% de la población vasca cree que todos los niños deberían aprender esta lengua; aunque es cierto que hay algunos centros educativos cuyo modelo lingüístico está centrado en otros idiomas como inglés, francés o castellano. ¿Es viable que también a ellos se les exija el nivel B2 al finalizar los estudios obligatorios?
Eso es lo que falla. La evaluación del euskera va a ir como va la de matemáticas, francés, etc. Se obliga a los centros a poner un proyecto lingüístico, sea o no sea en euskera. Por eso habrá centros en los que no será real que un alumno pueda llegar al B2 en euskera cuando ha recibido su educación en otro idioma. El requisito de que todo el alumnado finalice sus estudios con un nivel B2 es inviable siempre y cuando no obligues a los centros a trabajar en un modelo euskaldun.
El consejero también aseguró que su idea era que el 100% del alumnado recibiese su educación en euskera en 2050. ¿Tal y como está enfocado este proyecto de ley, lo ven posible?
Para que un sueño se convierta en realidad hay que hacer algo, y no creemos que los pasos que está tomando el Departamento de Educación se dirijan hacia allí para nada. Creemos que ha habido una falta de valentía con el euskera considerable, no han tenido en cuenta que la mayoría de la comunidad educativa ha dicho que el euskera era uno de los temas centrales. No creemos que este cambio sea sustancial de ninguna manera.
Alumnos en una clase
Respecto a los conciertos económicos a centros concertados, el proyecto de ley deja ‘cierto vacío’ sobre ellos ya que no describe requisitos ni mecanismos de control para limitar la concertación. La situación actual es que estos centros están recibiendo ayudas del Gobierno vasco. ¿Qué cambio incluye entonces este proyecto?
Nosotras siempre hemos dicho que el problema es la concertación universal porque Euskadi concierta absolutamente todo. Hay centros que están concertados y a la vez obligados a no segregar por sexos aunque les hacen pasar por el aro. Por mucho que la ley establezca que va a haber unos mecanismos para poder concertar, los centros tienen una titularidad privada. Por tanto, a no ser que la Justicia actúe ellos van a poder hacer lo que consideren.
No entendemos que obliguen a que los centros sean laicos pero a la vez esta ley dice que respetará la identidad propia del centro y su razón de ser. Tampoco entendemos que digan que los centros van a ser gratuitos cuando siempre hay sobrecostes que vienen de la propia actividad educativa…¿Vamos a pagar los sobrecostes que una cancha de tenis supone? El Departamento de Educación ha dicho que para compensar la gratuidad van a asumir ellos mismos el dinero pero ¿hasta qué punto van a poder asumirla?
Por tanto, pocos cambios en el ámbito del euskera, pocos cambios en el ámbito de la educación… ¿En qué ámbitos va a aportar cambios esta nueva ley?
A nuestro parecer no cambia nada. Es más, el objetivo de esta ley es blindar la escuela privada. Ante la bajada de natalidad, se cataloga a los centros privados como ‘servicio educativo’, se dice que la pública y la privada son iguales y, así, las matrículas se van a distribuir entre dos centros. Además, a esos centros que ya son entendidos casi como propios, se les va a aumentar la concertación para que puedan ser gratuitos, sabiendo que esa gratuidad es inaccesible, igual que la laicidad, siempre y cuando se quiera preservar la identidad del centro.