Urkullu aprueba la Ley Vasca de Educación con el euskera como base y acaba con los modelos actuales

El Gobierno vasco ha aprobado este martes en el Consejo de Gobierno el proyecto de ley de la nueva Ley de Educación, una norma que pretende convertirse en el gran logro de esta legislatura, pero que viene manchada por los sucesivos retrasos, prórrogas y por las tensiones que en estos meses se han desarrollado con EH-Bildu y Elkarrekin Podemos, los dos partidos que se espera apoyen la norma en el Parlamento vasco una vez empiecen los procesos en la Cámara vasca.

Según ha señalado el consejero de Educación, Jokin Bildarratz, esta nueva ley es "fiel y leal" a aquel pacto firmado el 7 de abril del pasado año -del que formaron parte la coalición soberanista y la formación morada- y que por ello se centra especialmente en un impulso todavía mayor al euskera y a la educación pública; acota el papel de la concertada; y deja vislumbrar el fin próximo de la educación segregada en Euskadi. De hecho, la nueva norma contempla que aquellos centros que quieran recibir ayudas del estado no podrán separar al alumnado por cuestiones de sexo, ni cobrar ningún tipo de cuota en estos centros. Algo que actualmente ya es ilegal. 

El Ejecutivo de Urkullu aprueba la Ley Vasca de Educación con el Euskera y los centros públicos como base

Proyectos lingüísticos propios en los centros

Sin embargo, en cuestión al euskera, en este centenar de artículos no se hace ni una sola mención a los modelos actuales: A en castellano, D en euskera y B mixto, pese a que según el consejero estos se mantienen, aunque en este caso da a los propios centros educativos la capacidad de regular el modo de trabajar con las dos lenguas oficiales de Euskadi en función de "su contexto lingüístico", para lograr a final de la educación secundaria en dominio total de Euskera y castellano, "hasta alcanzar un nivel B2" según Bildarratz; y un dominio básico de una tercera lengua, esta vez extranjera, con un nivel B1. 

Aquí, la responsabilidad para cumplir este punto de la ley, recaerá en los propios centros, que serán quienes desarrollen sus propios proyectos lingüísticos, cada uno de ellos "respondiendo a un ecosistema sociolingüístico diferente". Puesto que, como ha destacado Bildarratz, cada contexto depende del territorio y el municipio en el que se encuentre cada centro. 

El problema de mantener los tres modelos vigentes, aunque en la ley no se mencionen en ningún momento, es que no puede asegurarse que algunos de estos vayan a cumplir con las exigencias de nivel que plantea el Ejecutivo de Iñigo Urkullu. De hecho, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno se ha insistido en este tema hasta que Bildarratz ha acabado por admitir que, por ejemplo, el actual Modelo A podría no cumplir con lo que pide la ley, ante lo que ha matizado que el responsable para que esto no ocurra, sería el propio centro educativo. 

En esta línea, el consejero de Educación ha recordado que los modelos actuales no son parte de la anterior norma educativa sino consecuencia de la ley del euskera y de un decreto que data de 1983, por lo que desde el Gobierno no entienden "que esta ley vaya a cambiar en nada ninguna de las condiciones" sobre la enseñanza de la lengua vasca en los centros públicos y concertados de Euskadi.

Condiciones a la concertada

Justamente en este proyecto de ley la educación concertada desempeña un papel fundamental, y que ha sido muy peleado por las negativas de Bildu y Podemos contrarios dedicar a este sector fondos económicos que podrían ir dedicados a los centros públicos. Sin embargo, es importante destacar que cerca del 50% de la población estudiantil vasca acude a centros de esta tipología, los cuales deberán –en los términos establecidos en esta ley- convivir con la enseñanza pública y cumplir con los principios y objetivos establecidos por la ley, para poder recibir las ayudas correspondientes. 

En concreto, los centros hasta ahora concertados que actualmente segregan al alumnado por cuestiones de género, situación social o cualquier otra razón, no podrán recibir fondos públicos, ni tampoco aquellos que cobran cualquier tipo de cuota, una práctica muy habitual pese a que también es ilegal. Para ello, según ha explicado Bildarratz, la norma contempla que el departamento de Educación establezca “mecanismos de control” dirigidos a que estos centros concertados cumplan con lo que establece la ley, y también para evitar la concentración o la separación de alumnos vulnerables, con el fin último de alcanzar “un pacto educativo contra la segregación escolar”. 

Con esto, como han explicado, la norma prevé regular a través de un reglamento "un procedimiento único de admisión del alumnado" en el que el Gobierno vasco determinará los criterios a seguir, y tiene en cuenta el decreto de Admisión y Escolarización del pasado noviembre con el que reservar plazas a los alumnos vulnerables. Por otra parte, la nueva ley hace énfasis en la laicidad del Servicio Público Vasco de Educación y pone limite al tiempo que los diferentes centros podrán dedicar a la asignatura de religión, para garantizar, como dice el texto, "que no haya adoctrinamiento" en las aulas de Euskadi.