Del 23-J a la relación entre Urkullu y Feijóo: la incógnita sobre las competencias para Euskadi

El anticipo de las elecciones generales ha puesto patas arriba la política no solo de Euskadi, sino de todo el país. Justo nada más salir de un periodo electoral como fue el 28-M y todavía sin que se hayan conformado los nuevos gobiernos en Ayuntamientos, Diputaciones y Comunidades Autónomas -aunque en Euskadi al Ejecutivo de Iñigo Urkullu todavía le queda un año hasta las autonómicas-, toca afrontar ahora la posibilidad de un cambio en el Gobierno de España que en Euskadi deja muchas dudas y muchos puntos pendientes que el actual presidente, Pedro Sánchez, prometió en su día abordar. 

En especial, uno de los temas que más a tención acapara por parte de los jeltzales es precisamente el traspaso de las competencias recogidas en el Estatuto de Gernika. Sánchez y el Ejecutivo de coalición entre PSOE y Unidas Podemos se comprometieron en 2020 a que para el final de esta legislatura se iban a trasferir todas las competencias pendientes. Sin embargo, la pandemia, la crisis por la guerra en Ucrania y ahora el adelanto electoral ha hecho imposible cumplir el calendario que acordaron ambos gobiernos y todavía quedan más de 30 competencias en manos del Ejecutivo central y que se reclaman desde Euskadi. 

De hecho, en cuanto Sánchez anunció el anticipo de las generales, el lehendakari Iñigo Urkullu declaró que el calendario acordado quedaba "sin efecto", al haber en España ahora un Gobierno en funciones; e insistió en que aquel acuerdo firmado al inicio de la pasada legislatura nacional, "ya se estaba incumpliendo" desde la Moncloa. 

Con todo esto, la gran incógnita está en qué puede pasar si tras los comicios convocados para el 23 de julio el Partido Socialista pierde su lugar al frente del Gobierno de España y acaba siendo el Partido Popular de Alberto Núñez Feijóo el nuevo interlocutor con el PNV.

Ante tal escenario, hay que recordar que Urkullu y Feijóo cuentan con una trayectoria compartida como presidentes autonómicos y han encontrado espacios de encuentro en reiteradas ocasiones, pero el problema no está tanto en el PP, sino en la posible -y más que probable- presencia de Vox en ese hipotético Ejecutivo. 

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez y el presidente del EBB del PNV, Andoni Ortuzar, intercambian cuadernos durante la firma del acuerdo entre el PSOE y el PNV para la investidura de Pedro Sánchez en 2020 / Jesús Hellín - Europa Press

Seguridad Social y Ferrocarriles

Dentro de las 31 competencias pendientes que recoge el Departamento de Gobernanza Pública y Autogobierno, algunas de las más reclamadas y en las que más ha insistido en los últimos años el Ejecutivo de Iñigo Urkullu, son las referidas al régimen económico de la Seguridad Social -que no implica crear un organismo vasco independiente, sino gestionarlo directamente desde Euskadi-, y al control de los Servicios e infraestructuras de transporte ferroviario que discurren por la Comunidad Autónoma Vasca. 

También quedan pendientes transferencias relativas a inmigración, desempleo, o pesca y ganadería que ahora mismo penden de un hilo muy fino y que pasa por las elecciones generales del próximo 23-J. Aquí, sea cual sea el resultado, la formación jeltzale negociará con quien vaya a ocupar la Moncloa para establecer un nuevo calendario que acabe por transferir las competencias que faltan. 

Es seguro que tanto el portavoz del PNV en el Congreso de los Diputados, Aitor Esteban: como el presidente del EBB, Andoni Ortuzar, y el propio lehendakari presionarán por mantener vivos los compromisos que tomó el Gobierno de coalición a comienzos de legislatura, y que por diferentes factores han ido prorrogándose en el tiempo. 

La ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez y la consejera de Gobernanza Pública y Autogobierno, Olatz Garamendi, en una reunión para tratar las transferencias. / EFE

Un "no" rotundo ante Vox

Además, incluso en el caso de que el Partido Popular se alce victorioso en la noche del 23-J, Feijóo no debería ser para Urkullu una figura especialmente complicada para negociar. La trayectoria del dirigente popular como presidente de la Xunta de Galicia le convierte en un interlocutor con el que el lehendakari puede encontrar puntos en común, y en ocasiones anteriores su relación ha sido considerablemente buena. Sin embargo, el problema claro es Vox.

La formación de extrema derecha encabezada por Santiago Abascal se ha mostrado en reiteradas ocasiones a favor de centrar el poder en Madrid y limitar la capacidad de gobierno de las Comunidades Autónomas, algo totalmente incompatible a lo que reclaman Urkullu y al Departamento de Gobernanza Pública y Autogobierno dirigido por Olatz Garamendi.

Desde este se muestra cautos antes de apresurase a hacer cualquier valoración de los posibles escenarios. Prefieren, "no entra a hacer cábalas y conjeturas sobre lo que pudiera ocurrir en un horizonte de cambio de gobierno en Madrid", e insisten en repetir las palabras que el lehendakari ha transmitido en los últimos días: que "lamentablemente" el calendario de transferencias "ya se incumplía", y ahora ha quedado sin efecto con el Gobierno español en funciones. Así, aseguran que "en todo caso", el departamento de Garamendi "sigue trabajando para avanzar en los traspasos pendientes". 

Con todo, queda claro que en el PNV no solo no están especialmente contentos con un adelanto electoral que llega después de tener uno de los peores resultados electorales de su historia, sino que además saben que la trasferencia de competencias, una de sus grandes batallas, pasa por un momento especialmente complicado. Aunque ya enfrentaba problemas prácticamente desde que se firmó.

Así, los jeltzales van a aprovechar este tema para hacer campaña electoral, presentándose como la mejor opción entre los partidos vascos para negociar un nuevo calendario, por su cercanía tanto con Sánchez como con Urkullu, y pondrán el traspaso competencial como uno de sus mayores puntos dentro de su programa. 

Además, sin duda esta será una de sus grandes exigencias -por no decir la mayor-, para negociar con aquellos candidatos que, una vez se conozcan los votos del 23-J, decían presentarse ante el Congreso para tomar el cargo de presidente del Gobierno, y estén en busca de apoyos para su investidura.