El Tribunal Superior vasco ha ordenado la readmisión inmediata en su puesto de la secretaria municipal del ayuntamiento vizcaíno de Iurreta, quien fue cesada hace ya dos años y medio tras denunciar irregularidades en la gestión del Consistorio. El alto tribunal ha aceptado la ejecución provisional de su sentencia dictada en febrero pasado, en la que apreció desviación de poder por parte del ayuntamiento y declaró nulo el despido, con la restitución a su puesto y el abono de los salarios de la exsecretaria durante los dos años y medio que lleva sin su trabajo.

El plazo máximo impuesto por el Superior para la vuelta a su empleo es de 10 días y se cumple el próximo 24 de julio.

La secretaria cesada a finales de 2020, Irma Domingorena, con 18 años de experiencia en la administración pública como letrada y secretaria municipal, desveló numerosas irregularidades en el consistorio. Entre ellas, la autorización al arquitecto municipal para la adjudicación ‘a dedo’ de un contrato a su hija por un valor cercano a los 3.000 euros, sin que acometiera ningún trabajo para el Ayuntamiento de Iurreta. La entonces secretaria detectó además hasta alrededor de 60 contratos menores (los que se adjudican sin concurso y a dedo por ser cantidades inferiores a 15.000 euros) sin que se hubieran cumplido las exigencias legales de control.

Por ello, presentó una demanda en la vía contencioso administrativa. El Tribunal Superior de Justicia vasco inició hace casi dos años, en junio de 2021, la investigación para determinar si se ocultaron las razones reales de la destitución de la secretaria municipal y la supuesta desviación de poder del alcalde Iñaki Totorikaguena (PNV). Y es que el alcalde argumentó, cuando decidió prescindir de Irma Domingorena, que el Ayuntamiento de Iurreta “se encuentra inmerso en una serie de proyectos estratégicos especialmente complejos en el ámbito urbanístico, organizativo y de Administración electrónica que requieren para su consecución de la prestación de servicios por parte de personal especialmente cualificado; con experiencia y un adecuado conocimiento tanto de la organización como de la idiosincrasia municipal”.

En su sustitución, se nombró, por el llamado mecanismo de acumulación, a la secretaria de la localidad cercana de Amorebieta. Se trató de Aizbea Atela, quien fue juntera (miembro del Parlamento de Bizkaia) en representación del PNV durante 8 años, de 2003 a 2011. Permaneció en el cargo únicamente 13 meses, hasta que pidió ser sustituida. Su puesto está ocupado ahora por una administrativa, que actúa como secretaria accidental, y es diplomada en Magisterio, una categoría nada habitual para este cargo, ya que suelen ser técnicos y no administrativos y además con una licenciatura en Derecho o Empresariales que le permite tener conocimientos jurídicos.

El puesto de secretario es clave en un ayuntamiento y un perfil “crítico” es molesto para determinados alcaldes que no quieren “obstáculos” legales en cuestiones como el urbanismo.

En Iurreta, fuentes municipales han señalado que el alcalde ha llegado a admitir en privado que el nombramiento de la hasta hace poco secretaria fue “un apaño” para que la administrativa volviera al cargo. De hecho, la actual secretaria municipal promovió en 2020, cuando salió la denuncia contra el alcalde, una campaña de recogida de firmas entre los trabajadores de un documento de apoyo al primer edil. Pero solo logró su firma y la de otro empleado que también es de la máxima confianza de Iñaki Totorikaguena.

El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, en una sentencia dictada el pasado 6 de febrero, dio la razón a la exsecretaria cesada. Aseguró que se comete una” clara desvalorización de las capacidades” de la destituida y que su reemplazo por una secretaria de otro consistorio “tenía una finalidad medial e instrumental para lograr el cese de la secretaria interina”.

El alto tribunal vasco aludió entonces a que la acreditación del “móvil anómalo” del cese se corrobora con las “alusiones imprecisas [del alcalde] a la mayor experiencia de la Secretaria de Amorebieta”.

Pese a que la sentencia se dictó hace casi medio año, la afectada ha continuado sin su trabajo. Por ello, pidió la ejecución provisional de la sentencia referida a su reincorporación.

El Superior, tras examinar la petición, ha aceptado la reincorporación inmediata en un plazo de 10 días, que expira el 24 de julio, con los apercibimientos legales si no se cumple esa fecha. En un auto dictado el 9 de julio, el alto tribunal vasco desestima los argumentos esgrimidos por el Ayuntamiento de Iurreta, que rechazaba la reincorporación. “Ya detentaba con anterioridad el derecho o facultad de ejercer el cargo, que ha sido truncada por una actuación ilegítima”, señala y agrega que su reincorporación es la “consecuencia jurídica natural del restablecimiento de la legalidad vulnerada”.

El Ayuntamiento de Iurreta ha recibido dos varapalos judiciales en medio año por el controvertido cese de su secretaria, Curiosamente, ambos solo han sido recurridos por el Consistorio mientras que la Diputación de Bizkaia, la institución que tramitó oficialmente la destitución, se ha inhibido del caso.