El Boletín Oficial del País Vasco publicaba el pasado 10 de mayo la aprobación inicial del Plan Territorial Sectorial (PTS) de las Energías Renovables en Euskadi, un documento que regularía la instalación de infraestructuras de fuentes de energías renovables en función de las limitaciones territoriales y ambientales existentes, y en el que se identificaban 110 zonas en las que podrían implantarse este tipo de proyectos.
Su publicación desató una oleada de reacciones contrarias, entre ellas la iniciativa 'Lurraren defentsan, Euskal Herria Bizirik', cuyo objetivo era su desestimación y la paralización de los proyectos de centrales eólicas y solares actualmente en tramitación. Este jueves, esta plataforma ha presentado más de 4.000 alegaciones contra el plan, que se suman ya a los numerosos ayuntamientos, grupos de defensa de la naturaleza, asociaciones y sindicatos agrarios, colectivos sociales y vecinos que han elaborado documentos de alegaciones más extensos en los que se exponen las "irregularidades" detectadas en la tramitación del plan.
Según ha recogido Europa Press, entre estas cerca de 4.000 alegaciones contabilizadas por 'Lurraren defentsan, Euskal Herria Bizirik', se incluyen documentos que apuntan a que el PTS incurre en una "desconsideración de aspectos relevantes relativos al impacto ambiental". Otras alegaciones alertan de que el documento genera "conflictos" con los objetivos establecidos en las Directrices de Ordenación del Territorio, los planeamientos municipales y los planes territoriales parciales comarcales con respecto a la protección del medio natural, la preservación de los corredores ecológicos, la biodiversidad, el mantenimiento de los ecosistemas agrarios y el paisaje.
Así, este colectivo ha acusado al Gobierno vasco de tratar de "imponer" este plan "con el fin de acelerar el despliegue de macroproyectos o proyectos de gran escala" para la producción industrial de energía eólica y fotovoltaica, impulsando un modelo "que beneficia a los intereses de las grandes empresas energéticas y fondos de inversión a costa de ocasionar importantes impactos territoriales, sociales y ambientales". Y ha hecho, además, un llamamiento a la organización de todos los grupos y personas implicadas en la defensa del territorio para "seguir impulsando la respuesta social" frente a este PTS.