El Gobierno vasco anuncia un recurso contra la Ley de Vivienda con la oposición del PSE

El Gobierno vasco ha aprobado un acuerdo que autoriza la interposición ante el Tribunal Constitucional (TC) de un recurso de inconstitucionalidad contra varios preceptos de la Ley estatal 12/2023, de 24 de mayo, por el Derecho a la Vivienda. En base al informe elaborado por el Servicio Jurídico central, el Departamento de Gobernanza Pública y Autogobierno considera que el Estado "vulnera competencias de Euskadi en materia de vivienda". En concreto, quieren recurrir un total de siete artículos de la Ley estatal por el Derecho a la Vivienda, una disposición transitoria, una disposición adicional y dos disposiciones finales.

Los socios del Ejecutivo autonómico, PNV y PSE-EE han mantenido sus discrepancias en torno a esta ley, que fue rechazada en las Cortes Generales por el partido de Andonio Ortuzar, diferencias que se han trasladado hoy al Consejo de Gobierno, donde los tres consejeros del PSE-EE, han mostrado su disconformidad con este recurso.

El portavoz del Gobierno vasco, Bingen Zupiria, ha explicado —según informa EFE— que el recurso se ha decidido en base al informe de los servicios jurídicos de la institución, informe que, según ha dicho, tiene su origen en la aprobación por parte del Parlamento Vasco a principios de mayo de una iniciativa suscrita por PNV y PSE-EE.

En este texto se instaba al Departamento de Planificación Territorial, Vivienda y Transportes dirigido por el PSE-EE a elaborar un documento de aplicación en Euskadi de la nueva ley "en todos aquellos aspectos que puedan suponer incorporación de medidas complementarias al desarrollo del derecho a la vivienda" que instaura la ley vasca de 2015.

El portavoz ha hecho un llamamiento al Gobierno central para tratar de encauzar esta cuestión en la comisión bilateral de cooperación para tratar de acercar posturas y llegar a un acuerdo que evite el recurso.

Zupiria ha explicado que los argumentos recogidos en el informe jurídico que incide en que la norma "ocupa" del espacio con el que cuenta la administración vasca "para poder desarrollar políticas propias en materia de vivienda", lo que genera "inseguridad jurídica sobre la normativa a aplicar". "Se trata de la imposición a Euskadi de ciertas medidas y medios para llevarlas a cabo en aspectos de materia de vivienda que son competencia exclusiva de esta comunidad autónoma", considera el Gobierno vasco, que insiste en que "el Estado pretende ser el único poder público que defina la función social de la vivienda", así como "regular en profundidad las acciones públicas promotoras de vivienda y la política pública de acceso a la misma". Estas circunstancias relegan a la Comunidad Autónoma Vasca a "ser mera ejecutora" porque su competencia normativa en esta materia "queda vaciada completamente".

Asimismo, el informe jurídico señala que "en gran medida" el contenido de la ley se encuentra recogido y "bien regulado" con carácter previo en Euskadi a través de la ley vasca de 2015, que tal y como recuerda, fue validada por el Tribunal Constitucional. En concreto, el informe señala que la norma estatal establece reservas de suelo destinadas a vivienda protegida en un alto porcentaje, lo que "vulnera la jurisprudencia constitucional al respecto", al tiempo que introduce "contradicciones" en cuanto al destino necesario del patrimonio público del suelo, lo que "limita la capacidad de decisión de Euskadi en políticas de su competencia exclusiva".

En cuanto a la declaración de zonas de mercado residencial tensionado, la regulación del Estado "ocupa el espacio que ha de llenar el desarrollo de la normativa vasca", lo que "cierra la posibilidad de tal desarrollo".

Por todo ello, el Departamento de Gobernanza Pública y Autogobierno del Ejecutivo vasco entiende que "el Estado está negando la posibilidad a la sociedad vasca de ser, a través de sus representantes elegidos democráticamente, dueña de su propio modelo en política de vivienda". "De manera deliberada y con una estrategia recentralizadora se está obviando que en el Estado existen realidades diferentes y gestiones muy diferenciadas en este ámbito en concreto, ya que Euskadi es la comunidad autónoma que más VPO ha construido, solo por detrás de Andalucía, comunidad que cuadriplica nuestra población", denuncia este departamento.

En definitiva, el Gobierno de Iñigo Urkullu defiende la capacidad de la ciudadanía vasca para "establecer su propio camino en aquello que tiene reconocido por ley y sin injerencias" y subraya la necesidad de "proteger el espacio reconocido al Departamento vasco de Planificación Territorial, Vivienda y Transporte", para definir y materializar las políticas de vivienda en base a las necesidades del País Vasco.

Foto de una vivienda en construcción

El PSE pide que "no se entorpezca la ley estatal"

Por su parte, el PSE ha pedido en un comunicado que el procedimiento iniciado por el Gobierno vasco "no entorpezca la puesta en marcha de la legislación estatal en Euskadi". "No compartimos los argumentos que pretenden fundamentar un recurso de inconstitucionalidad y, además, respetando el derecho de cada administración a defender sus intereses y competencias, creemos que la litigiosidad entre éstas debe evitarse todo lo posible, buscando el interés general", han comentado los socialistas.

Según recoge EFE, ha destacado que gracias a la ley estatal se pueden regular los precios del alquiler, lo que no permitía la legislación vasca, en las zonas tensionadas y a petición de los propios ayuntamientos. "La Ley de Vivienda estatal viene a completar las actuaciones que ya están siendo protagonizadas por la administración vasca (regulación de desahucios y lanzamientos que afecten a personas vulnerables; parque de vivienda protegida en alquiler a precio limitado, movilización de viviendas vacías…) y otras, como los mecanismos de contención y bajada de precios del alquiler en zonas tensionadas, que vienen a reforzar el papel público en la búsqueda de soluciones", ha añadido.