La jueza del Juzgado de Instrucción número 2 de Azpeitia ha archivado una de las dos querellas por el caso que la Diputación de , en aquel momento gobernada por EH Bildu, presentó por malversación de fondos públicos y falsificación de documentos relacionados con la construcción de la autopista AP-1.
Se trata de la segunda de las querellas que la Diputación guipuzcoana interpuso el pasado 1 de junio de 2015 contra el director de la citada obra, el representante del contratista UTE Arlaban y el entonces director técnico de Bidegi, por una presunta malversación de fondos públicos de 17,1 millones de euros y un presunto delito de falsificación documental en los pagos de los trabajos del túnel de Isuskitza, querella que fue admitida a trámite 25 días después.
Anterior a esta, la formación abertzale ya había interpuesto otra querella -que todavía sigue en fase de instrucción-, el 21 de noviembre de 2014, por presuntas irregularidades con un depósito de sobrantes, excavaciones y movimientos de tierra en un tramo de la AP-1, en el que la acusación calculaba un presunto fraude de 13,6 millones de euros.
Según el auto, al que ha tenido acceso EFE, esta segunda querella ha sido archivada ya que de las diligencias practicadas en el marco de esta segunda querella, "no aparece suficientemente justificada la perpetración del delito que ha dado lugar a la formación de la causa". Y añade: "A pesar de la extensa actividad probatoria no ha podido determinarse, ni siquiera indiciariamente, si efectivamente fue o no defraudada una cierta cantidad presupuestaria con ocasión de la realización de las obras ejecutadas en la autopista AP-1 Vitoria/Gasteiz-Eibar, tramo Arlaban-Eskoriaza norte", remarca el escrito judicial.
“Un hurto al derecho de conocer la verdad”
Si bien dicho auto no es firme, ya que cabe interponer aún un recurso de apelación en su contra ante la Audiencia de Gipuzkoa en un plazo de tres días; este supone un varapalo para la formación abertzale que ha considerado este último movimiento judicial como un "hurto a la ciudadanía de su derecho a conocer la verdad y a un proceso con todas las garantías" y que ha denunciado que tanto la Fiscalía como el PNV "han intentado que este caso cayera en saco roto a lo largo de los 8 años de instrucción, impidiendo realizar la tercera pericial imparcial".
Así, según ha incidido EH Bildu a través de un comunicado, esta querella tenía "una sólida base en sendos informes periciales y mediciones que acreditaban que las constructoras que ejecutaron el proyecto de construcción habían percibido ingentes cantidades de dinero por parte de la Sociedad Pública Bidegi por conceptos no ejecutados mediante el incremento de mediciones o conceptos inexistentes"; y ha recordado que la acusación popular ejercida por cuatro ex junteros de Bildu "ha solicitado en reiteradas ocasiones que se realizara un informe pericial imparcial pero que ni la UCO de la Guardia Civil ni la Unidad de delitos económicos de la Ertzaintza lo han realizado aduciendo incapacidad material para realizar este tipo de investigación compleja".
Esta tercera pericial imparcial, en su opinión, “era crucial para el caso”; procedimiento al que ha descrito como "lleno de dilaciones y que deja a las claras la nula voluntad de la Diputación Foral de Gipuzkoa y del Juzgado de Azpeitia de esclarecer este caso"; y ha anunciado que analizará en los próximos días su decisión con respecto a recurrir dicho auto junto a sus abogados, "siempre manteniendo su compromiso con la ciudadanía por una gestión pública transparente".
Mendoza insiste en reivindicar la integridad de las instituciones
Por el contrario, la actual diputada general de Gipuzkoa, Eider Mendoza, ha recordado que, a comienzos de la legislatura 2015-2019, el departamento de Infraestructuras Viarias dirigido por Aintzane Oiarbide encargó un informe realizado por técnicos forales que revisaba la documentación técnica en la que se basaba la querella, identificando en ella "errores en los cálculos que no se consideraban fortuitos". Y de esta manera, el auto judicial del juzgado de Azpeitia confirma la existencia de "innumerables deficiencias, errores y omisiones en los informes presentados que invalidan todas y cada una de las conclusiones establecidas" en el informe presentado junto con la querella en 2015.
Ha afirmado que este primer auto establece "con absoluta claridad, por un lado, la inexistencia ni siquiera de indicios constitutivos de delito y, por otro lado, los llamativos errores y omisiones existentes en la documentación presentada junto con la querella”; y ha insistido en "reivindicar el buen nombre y la integridad de nuestras instituciones, en este caso de la Diputación y de Bidegi, así como de todas las personas trabajadoras, funcionarias y representantes públicos que en su día ser vieron salpicados por esta querella injusta e infundada que solamente perseguía fines partidistas, tal y como demuestra su presentación justo tres días antes de que arrancara la campaña electoral de 2015".
Además, y en referencia a las acusaciones de EH Bildu Mendoza ha pedido a la coalición soberanista que "abandone definitivamente esta manera de hacer política” y le ha reclamado que deje de "utilizar las instituciones con el único fin de hacer daño al adversario político y no otro, a pesar de que en el camino sufran instituciones y también personas".