Este viernes los sindicatos ELA, LAB, CC.OO, Steilas, Satse y ESK, convocaban dos jornadas de huelga para los próximos 25 de octubre y 19 de diciembre ante "el progresivo e incesante deterioro de las condiciones laborales y salariales que sufren quienes trabajan en el País Vasco". 150.000 empleados públicos vascos eran llamados así a la movilización en un escenario de especial incomodidad para el Ejecutivo vasco que, en el comienzo de este curso político, se ve desbordado por la conflictividad social, empresarial y laboral

Ejecutivo que este martes se ha pronunciado al respecto. Ha sido el portavoz del mismo, Bingen Zupiria, el encargado de hacerlo, subrayando que este movimiento "va a tener una afectación directa en servicios públicos básicos como puede ser la educación, la sanidad u otros tantos", y asegurando que los términos en los que se ha planteado la huelga corresponden a ámbitos que "quedan fuera de la competencia del gobierno vasco".

Según ha manifestado, y recogido Europa Press, los sindicatos están planteando exigencias salariales que superan el 10% y ha apuntado que todos conocen que "los topes salariales están incluidos en la ley de presupuestos generales del Estado que obligan a todas las administraciones públicas del Estado español y que comprometen las subidas salariales de todos los trabajadores públicos de este Estado".

Ha apuntado, además, que estos incrementos salariales fueron pactados por el Gobierno español para tres años con los sindicatos CCOO y UGT y han sido "trasladados automáticamente a los Presupuestos Generales del Estado y son de obligado cumplimiento para todas las administraciones públicas del Estado español, también para el Gobierno vasco y sus entes, las diputaciones forales y los ayuntamientos". Por lo tanto, ha asegurado que ese es el marco en el que deben desarrollar su actividad y "el marco que esta convocatoria sindical está cuestionando o eludiendo".

Manifestación contra el proyecto de Ley de Educación y a favor de la escuela pública

Temporalidad e inestabilidad

Sobre otra de las exigencias, la relacionada con la reducción de la temporalidad o la inestabilidad en los empleos públicos, Zupiria ha asegurado que "todas las administraciones públicas vascas están comprometidos para reducir esa inestabilidad por debajo del 8% y para ello se han puesto en marcha multitud de convocatorias de ofertas públicas de empleo".

Según el portavoz del ejecutivo, algunas de estas convocatorias tienen como objetivo "llenar los puestos que puedan estar vacíos" y ha añadido que, en otros casos, como en Osakidetza ha habido una ampliación de plantillas y hay también "todo un proceso de consolidación de puestos de trabajo abiertos en todos los niveles institucionales".