Un informe del Gobierno vasco reconoce a Zabala como víctima de vulneraciones de derechos humanos

El nuevo informe de la Comisión de Valoración de violencia de motivación política del Gobierno vasco, también conocida como de "abusos policiales", propone el reconocimiento del supuesto exintegrante de ETA, José Ignacio Zabala, secuestrado, torturado y asesinado por los GAL, y el de otras 65 personas como víctimas de vulneraciones de derechos humanos en Euskadi, entre 1978 y 1999. Una lista donde no se incluye a José Antonio Lasa, también miembro de la banda terrorista y asesinado junto a Zabala, puesto que su familia presentó la petición fuera de plazo de las solicitudes estudiadas entre julio de 2022 y junio de 2023.

Según recoge EFE, la comisión que ha elaborado este informe considera que debería producirse una reapertura de plazos para atender "de forma cabal" esta petición, es decir, en el mismo sentido que a la de la familia de José Ignacio Zabala, que en su solicitud pidió que este fuese reconocido como "víctima de los aparatos policiales y parapoliciales del Estado español" y dejó constancia de que todos sus allegados "han sufrido una tortura psicológica, durante tantos años, en silencio".

En total, en este informe, que ha adelantado EiTB durante la mañana de este jueves, han sido resueltas 66 peticiones favorablemente y 64 no han sido admitidas o han sido desestimadas por haberse presentado fuera del plazo legal.

Entre las aceptadas por la Comisión, además de a Zabala, se reconoce a 49 ciudadanos que sufrieron malos tratos o torturas en dependencias policiales; 7 fallecidos por disparos de bala de la policía y de grupos de extrema derecha; junto a otra mujer que murió por los golpes de un grupo de extrema derecha tras ser violada; así como cuatro víctimas que sufrieron heridas de bala y otro herido con pelotas de goma. Además, se contabilizan otras tres víctimas heridas graves como consecuencia de patadas o de otro tipo de golpes.

25 casos vinculados con ETA

Según explica la Agencia EFE, el importe indemnizado durante este periodo ha sido de 1.614.007 euros, de los cuales 183.328 han sido para las víctimas de tortura; 1.080.000 para ocho de los fallecidos (en uno de los casos la familia de la víctima ya había sido indemnizada por la Ley de Memoria Histórica). El resto, entre los que se encuentran los heridos de bala, botes de humo, pelotas de goma u otros tipos de golpes, han recibido 350.678,38 euros.

De las 66 víctimas reconocidas, 55 son hombres y 11 mujeres. De estas, 25 pertenecían a la banda terrorista ETA o mantenían con algún tipo de relación con esta organización criminal o con alguno de sus miembros. Además, se incluyen numerosos ciudadanos adscritos a distintas organizaciones como los Comités Antinucleares, el sindicato CCOO o el PCE, entre otras.

Respecto a los causantes de los abusos contemplados en esta Comisión, se incluye aquí a la Guardia Civil, la Policía Nacional, la Ertzaintza, el Batallón Vasco Español, la Triple A, la Asociación Nacional Española, los GAL y los Guerrilleros de Cristo Rey.

Con todo esto, EFE señala que en su informe, la comisión afirma que en la mayor parte de los casos la actitud de las instituciones a las que se les ha pedido información ha sido colaborativa, aunque en ocasiones no le ha sido posible obtener los datos solicitados.

Obstáculos judiciales y militares

No obstante, este informe constata obstáculos en la actitud de los archivos militares de los que solo ha podido obtener documentación en una de las peticiones cursadas hasta la fecha y subraya que tiene "serias dificultades" para obtener la información de expedientes relativos a juzgados y tribunales situados en la Comunidad Autónoma Vasca.

Por ello, la Comisión se muestra preocupada por el hecho de que "si no hay mayor celeridad y celo en posibilitar el acceso a determinada documentación" su trabajo "puede verse perjudicado seriamente", por lo que hace una llamada a la colaboración de todas las entidades al advertir de que "el tiempo corre en contra de muchas de las personas solicitantes".

El informe será presentado el próximo lunes por sus autores en la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento vasco.