Cuando en marzo de este año Ferrovial anunció que iba a trasladar su actividad a los Países Bajos -algo que acabó haciéndose efectivo en junio- fueron muchos quienes en Euskadi, y el resto del territorio español, denunciaron esta decisión y reclamaron medidas para evitar que sucesos como este se acaben repitiendo en el futuro. De hecho, en el Congreso de los Diputados, antes de que se disolvieran las Cortes con motivo de las elecciones generales del 23-J, Unidas Podemos y EH-Bildu registraron dos iniciativas que pedían medidas en contra de la deslocalización de aquellas empresas que hubieran recibido ayudas económicas del Estado.

Esta preocupación también patente en los partidos políticos vascos alcanzó el Parlamento autonómico donde la coalición soberanista logró sacar adelante una proposición de ley, basada en una norma ya vigente en Bizkaia, que obligaría a devolver todas las ayudas públicas recibidas en los últimos 10 añoss aquellas empresas que opten por abandonar Euskadi. 

Una iniciativa, que este martes ha dado un nuevo paso adelante, después de que Bildu haya pactado con PNV y PSE-EE incluir en la Ley Reguladora del Régimen de Subvenciones -que esperan aprobar antes de finales de año-, un capítulo dedicado a dificultar las deslocalizaciones de empresas, donde se incluye, a modo compensatorio, la obligación de devolver las ayudas públicas recibidas en los últimos ocho años, en caso de que una empresa abandone Euskadi con el fin de pagar menos impuestos o reducir costes.

Según ha valorado la parlamentaria soberanista, Leire Pinedo, “no se puede permitir que una empresa, después de recibir ayudas públicas traslade su producción a otro Estado teniendo en cuenta sólo su interés particular, al margen de los derechos de su plantilla y de los intereses y necesidades del territorio en el que está implantada”. Razón por la que ha pedido “responsabilidad y compromisos” a aquellas compañías que realicen su actividad económica en Euskadi, y les ha reclamado “arraigo al territorio”. 

Vigente en Bizkaia desde 2007

Pinedo ha recordado además que su formación, hace cuatro años, ya planteó una medida similar, pero en aquella ocasión, ni PNV ni PSE decidieron darle su apoyo. “Desde la política no podemos prohibir las deslocalizaciones, pero sí podemos tomar medidas para dificultar esos movimientos”, ha aseverado la parlamentaria soberanista, quien ha valorado este acuerdo como “un paso adelante para obstaculizar las deslocalizaciones y proteger así el tejido industrial y económico del país”.

Esta medida, aunque nueva en Euskadi a nivel global, ya está vigente en Bizkaia desde 2007 y ahora, tras el pacto entre Bildu, PNV y PSE, se extenderá hasta el resto de los Territorios Históricos. Introduciendo además varias mejoras en la Ley Reguladora del Régimen de Subvenciones “para que la concesión de ayudas sea más transparente y rigurosa y para que se garantice mejor el control público de las mismas”.