La Ley de Cambio Climático y Transición Energética es, como dijo la consejera Arantxa Tapia, uno de los "retos mayúsculos" del Gobierno vasco en esta legislatura. Sin embargo, la que, junto a la Ley de Educación, es una de las normas prioritarias de este Ejecutivo cuenta con unos plazos muy ajustados en caso de que las elecciones autonómicas vascas se celebren en marzo del próximo año.
Este jueves, tras varias ampliaciones a petición de los diferentes grupos parlamentarios, ha terminado el plazo para presentar enmiendas para esta norma. Y aunque por formalidad este puede extenderse hasta el viernes, EH Bildu ya ha dado a conocer que su formación no pedirá la devolución de este texto al Gobierno vasco, no porque este "no merezca" grandes cambios, sino porque ven "indispensable" agilizar el trámite parlamentario de esta norma. De hecho, la propia consejera Tapia, se muestra confiada en que esta ley se llegue a aprobar antes de que termine la legislatura, aunque ha recordado que "sin un pacto social" no será "posible" afrontar la transición energética y la descarbonización.
Así, conscientes de que febrero podría ser el último vez de actividad en la Cámara autonómica, desde Bildu han planteado la posibilidad de que se habilite enero, un mes en el que, por tradición, el parlamento cesa su actividad. La propuesta la ha transmitido el portavoz de EH Bildu, Mikel Otero, quien ha seguido muy de cerca la tramitación de esta ley desde que esta fue aprobada en el Consejo de Gobierno el pasado 16 de mayo y trasladada al Parlamento. Además, en referencia a las enmiendas presentadas por su formación, Otero ha dado a conocer que la coalición soberanista ha registrado 115 modificaciones parciales para un texto que actualmente "carece de objetivos, ambición, concreciones y mecanismos para conseguir los objetivos climáticos".
Finalmente, este proyecto de ley no ha sido enmendado a la totalidad por ninguno de los partidos de la oposición. Algo que facilita considerablemente su tramitación, puesto que ahora la norma solo tendrá que superar el debate de las alegaciones parciales. 115 por parte de Bildu, 116 de Elkarrekin Podemos-IU, 16 del Partido Popular y 9 de Ciudadanos.
Los PERTEs han sido menos contundentes de lo que se esperaba de Europa, advierte Arantxa Tapia.
Asimismo, en referencia a estas modificaciones, el parlamentario abertzale ha reconocido que su formación ya ha establecido contactos con los dos socios del Gobierno (PNV y PSE-EE) y ha asegurado que estos han admitido estar ya trabajando en mejorar el texto que finalmente se someterá a examen.
Neutralidad climática para 2050
Entre los principales objetivos del proyecto de ley aprobado en mayo por el Gobierno vasco se establece el reto de alcanzar la "neutralidad climática" y reducir a cero las emisiones en Euskadi para 2050. Algo que, según este texto, se logrará estableciendo en empresas y demás instituciones "obligaciones de eficiencia energética", así como impulsando el hidrógeno verde y las energías renovales, desarrollando planes de movilidad e impulsando proyectos vinculados con el almacenamiento de energía. Pero sobre todo, esta norma plantea acabar definitivamente con los combustibles fósiles.
Proyecto de molino de energa elica en el mar de Saitec / EP
Por su parte, desde Elkarrekin Podemos-IU también se han escudado en la "responsabilidad" ante su decisión de no presentar una enmienda a la totalidad, para una ley que, a su juicio, tiene un carácter estratégico. En este sentido, su portavoz, Miren Gorrotxategi, que ha denunciado que ni PNV ni PSE-EE se han puesto en contacto con su grupo parlamentario antes del registro de enmiendas, ha explicado que desde su grupo parlamentario reclaman una apuesta "clara por la electrificación en el transporte, la vivienda y la industria", y plantean el desarrollo de una Sociedad Pública de Energías Renovables, financiada completamente con dinero público.
Por su parte, el PP vasco, que ve necesario una normativa de este tipo en Euskadi, propone en sus enmiendas la implementación de mecanismos concretos para avanzar hacia una transición energética "justa". Por último, en Ciudadanos, su representante, José Manuel Gil, insiste en que este cambio debe realizarse junto a la industria energética y mediante medidas que "incentiven" a ello, en vez de con "obligaciones".