Tercera jornada de huelga en el sector público vasco en solo cinco meses, que se ha saldado con disparidad en su seguimiento y duras críticas por parte del Gobierno vasco en general, y del PNV en particular. Esta nueva jornada de concentraciones, que sucede a la de los pasados 25 de octubre y 19 de diciembre, no ha afectado especialmente a la vida cotidiana en el territorio que, salvo en educación, el seguimiento ha sido mínimo.
Las manifestaciones en las tres capitales vascas transcurrían entre lemas en defensa de unos servicios públicos de calidad y en contra de la privatización, así como la petición de que se reduzca la temporalidad y la precarización en los distintos ámbitos de las administraciones públicas del País Vasco.
Vista de la manifestación de San Sebastián / JAVIER ETXEZARRETA - EFE
Cifras dispares
Al igual que en las dos anteriores huelgas, las cifras de seguimiento que ofrecen sindicatos y Gobierno vasco difieren notablemente. Mientras que las centrales sindicales califican de "amplio" el seguimiento, el Ejecutivo vasco cifra el paro del sector público vasco en un 9,8%. El sector que más ha secundado la huelga ha sido el de la enseñanza, pero aquí los datos ofrecidos también son dispares. Los sindicatos convocantes cifran el seguimiento en las haurreskolak en un 75% y en la enseñanza no universitaria en un 65%, mientras que el Gobierno vasco lo rebaja al 33,8%.
En Osakidetza, donde en esta ocasión el sindicato de enfermería Satse no ha respaldado la huelga, el seguimiento ha sido poco notable. El Servicio vasco de Salud cuantifica en un 4,44% el seguimiento. Por categorías profesionales, la incidencia entre el personal facultativo ha sido del 2,18%, del 3,52% entre el personal de enfermería y del 7,47% en el resto de categorías. En el conjunto de la plantilla, el seguimiento ha sido del 0% en el turno de noche, del 4,6% en el turno de mañana y del 5,52% en el de tarde.
Los sindicatos achacan estas cifras a los servicios mínimos establecidos y aseguran que "con la imposición de unos servicios mínimos del 100%, se les ha negado el derecho a huelga a miles de trabajadores". "Es especialmente llamativo que en este día se imponga el servicio del 100% en servicios como el PAC cuando, de manera habitual, muchos de ellos abren sus puertas sin personal facultativo", denuncian desde ELA.
Miles de trabajadores del sector público vasco se han manifestado este martes en Bilbao para demandar en Euskadi la mejora del salario y el empleo en el sector, sin que haya "imposiciones ni vetos de Madrid"/ EFE/Miguel Toña
Reacciones políticas a la huelga
En el ámbito político, las reacciones han sido diversas y diferentes. Por parte del Gobierno vasco, su portavoz, Bingen Zupiria, ha insistido en que el Ejecutivo no comparte las razones por las que se ha convocado la huelga en el sector público y ha insistido en que "no acepta los argumentos utilizados por los sindicatos sobre el aumento de las privatizaciones de los servicios y el deterioro de las condiciones laborales de los trabajadores".
En esta línea, ha coincidido el presidente de su partido, Andoni Ortuzar, quien ha expresado que no "hay por donde coger esta huelga". Y ha ido más allá, ya que si bien no ha dado nombres, ha insistido en que en el partido jeltzale están en su derecho de "sospechar que hay una acción concertada, con un interés político claro de desgastar al PNV ante unas elecciones". Argumento que ya ha sido utilizado con anterioridad por el lehendakari, Iñigo Urkullu.
Desde Sumar, su cabeza de lista por Álava, Jon Hernández, ha mostrado el apoyo de la formación a la huelga convocada para este martes en el sector público ante su "continuo proceso de deterioro y privatización". Y tras denunciar la "alta temporalidad y el progresivo deterioro de las condiciones del trabajo y de la calidad en los servicios", ha indicado que esta nueva jornada de huelga responde "a la incapacidad del PNV y PSE para negociar con las centrales sindicales, y a que sus políticas de concertación privada han ido desgastando no sólo las condiciones de trabajo de los empleados públicos, sino también la calidad del servicio público que se presta a la ciudadanía". Ya que, a su juicio, su modelo de gestión se ha basado en "el adelgazamiento de lo público para engordar" a una parte del sector privado "que vive a costa de contratas, adjudicaciones y conciertos públicos".