El Tribunal Constitucional ha declarado inconstitucional y ha anulado la cesión a Euskadi de la competencia del cuerpo de funcionarios de administración local con habilitación nacional, es decir, los secretarios, interventores y los tesoreros de los consistorios.
Así lo ha decidido por mayoría el pleno de TC tras estudiar el recurso de inconstitucionalidad presentado por el PP contra una disposición final de los presupuestos generales del Estado de 2022, por la que se modificaba la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local.
Esta modificación daba a Euskadi facultades para seleccionar y hacer ofertas públicas de empleo para estos puestos y habilitaba a la comunidad autónoma para convocar procesos de provisión o asignar destinos, entre otras cuestiones.
Los funcionarios afectados por este cambio se encargan de dar el asesoramiento legal preceptivo, controlar y fiscalizar la gestión económica y presupuestaria de las corporaciones locales.
La sentencia del TC, que cuenta con un voto particular, considera que la citada disposición adicional "desborda el contenido posible de una ley de presupuestos" y vulnera por tanto la Carta Magna, según ha informado el alto tribunal en una nota.
"Se trata de una norma en materia de función pública, que no guarda conexión con el régimen retributivo de los funcionarios de Administración local con habilitación de carácter nacional ni tiene incidencia económica directa con los ingresos o los gastos", argumenta el Constitucional.