Otro caso de exalcalde implicado en ilegalidades a quien se premia con un alto cargo público con un suculento sueldo. La ex primer edil vizcaína de Lezama, Alaitz Etxeandia (PNV), quien impulsó un pelotazo urbanístico que beneficiaba a su familia y que la Justicia ha anulado (en un caso inédito en Euskadi) por cuatro veces, ha sido colocada de nuevo. Esta vez en Zugaztel, sociedad pública de la Diputación de Bizkaia que se dedica a facilitar el acceso al empleo público. Etxeandia ha dejado su cargo de directora gerente en otra sociedad de la Diputación, Biscaytik, donde ha estado desde 2015 (cuando dejó la alcaldía) hasta marzo pasado, para ocupar el mismo puesto en Zugaztel, con un salario de cerca de 100.000 euros.

Como ya informó este blog, Iñaki Totorikagüena (PNV), el exalcalde de la localidad vizcaína condenado por desviación de poder, es desde marzo director general de la Fundación Biscaytik, una fundación que se dedica al impulso de las nuevas tecnologías en los ayuntamientos vizcaínos y cuya labor es muy cuestionada por los empleados de los consistorios. Varios partidos políticos lo califican de “chiringuito”.

Su llegada supuso la salida de Alaitz Etxeandia, quien inmediatamente fue designada directora gerente de Zugaztel. El cambio no le ha salido mal: de los 91.000 euros que cobraba al año ha pasado a cerca de 100.000 euros, un 10% de incremento. La cantidad exacta no se conoce porque, en los presupuestos de la Diputación de Bizkaia de este año, aparece una partida global de 189.883 euros anuales para dos puestos en Zugaztel: la directora gerente y el subdirector. La empresa cuenta con un total de 44 plazas de personal fijo, frente a las 38 del pasado año.

La exalcaldesa de Lezama protagonizó una polémica gestión durante los ocho años que estuvo al frente del municipio, entre 2007 y 2015. Impulso el plan urbanístico de la localidad, que incluía la recalificación como urbanizable de un solar de su familia ubicado en una zona inundable. La operación les iba a reportar unos beneficios de 5,5 millones de euros.

La historia arranca en 2007, ocho meses antes de que el Ayuntamiento de Lezama, entonces ya con Alaitz Etxeandia como alcaldesa, recalificara como urbanizable el solar familiar de Txupetxa, ubicado junto al río Asua y considerado inundable desde 1993. En concreto, el 16 de febrero de 2007, el padre de la ahora directora de la sociedad Zugaztel, una tía y cuatro primos firmaron un acuerdo de venta por 6 millones de euros. Ese mismo día recibieron 646.088 euros y el resto, que se abonaría también en metálico, lo percibirían una vez dispuesto el suelo para la edificación.

Al aprobarse el planeamiento que recalificaba el solar, las empresas se percataron de que el terreno no pertenecía en exclusiva a los Etxeandia y empezaron las discrepancias Las constructoras exigieron renegociar el acuerdo, pero los Etxeandia presentaron en 2009 una denuncia en los juzgados reclamando los 5,5 millones pendientes. Una demanda que, para desgracia de los promotores, permitió conocer la jugosa operación económica y que se plasmó en un auto del 2 de julio de 2009 del Juzgado de Primera Instancia número 10 de Bilbao.

Una denuncia presentada por la plataforma vecinal Lezama Bizirik supuso la anulación en 2009 por el Tribunal Superior vasco de todo el planteamiento urbanístico del municipio y, por consiguiente, de la recalificación del solar de los Etxeandia. Pese a la anulación, la entonces alcaldesa se afanó en aplicar el plan urbanístico de Lezama, pero solo impulsando los proyectos para urbanizar su solar. Fue (otro dato esclarecedor) la única actuación urbanística que se puso en marcha en Lezama. Y no salió gratis: el ayuntamiento se gastó en estos proyectos para el solar de los Etxeandia más de 100.000 euros. Hasta que, en tres fallos diferentes, en 2012, los tribunales declararon ilegal la promoción urbanística en el solar de la alcaldesa al estar anulado todo el plan general de Lezama.

Con toda esta controversia, las constructoras empezaron a reclamar los 2,2 millones adelantados por no cumplirse los plazos para la ejecución del proyecto. Enviaron hasta seis requerimientos notariales a los Etxeandia, pero sin respuesta y en 2013 presentaron una demanda civil para recuperar su dinero.

No fue hasta 2016 cuando se pagó parte de los 2,2 millones de euros.  El padre de Alaitz Etxeandia y tres primos aceptaron devolver el adelanto económico: algo más de 1,5 millones de euros. Las empresas renunciaban a exigirles intereses. Pero otros dos familiares rehusaron pagar su parte, un 28%, que suponía 610.868 euros.

Finalmente, a cambio de esa deuda, una constructora se quedó con cerca del 15% del solar, a la espera de que el terreno pueda ser recalificado.

A finales de 2019, el Tribunal Supremo confirmo la anulación del nuevo plan general de Lezama, que era prácticamente idéntico al impulsado por Etxeandia y que incluía la recalificación de los terrenos de su familia. Era la cuarta vez, en una situación inédita en Euskadi, que la Justicia ha tumbado el plan general urbanístico de un municipio.

El fallo avalaba la sentencia del Tribunal Superior vasco dictada en 2018, que propinaba un tirón de orejas a la exalcaldesa por su reiteración en apoyar el plan general que beneficiaba a su familia. Citaba diez votaciones en las que votó a favor. “En ningún momento relevante de la tramitación y aprobación del Plan General la alcaldesa se abstuvo de emitir su voto favorable”, señaló la sentencia de 2018.

“La que fue alcaldesa votó favorablemente acuerdos, en concreto la aprobación inicial y provisional del Plan General”, añadía el fallo, pese a que “era conocedora de que familiares directos tenían formalizado contrato de venta condicionada a la posibilidad edificatoria del suelo, que estaba vinculado a la aprobación del Plan General”.