El Ayuntamiento de Iurreta ha ignorado la condena de la Justicia por el cese ilegal de su secretaria y ha impulsado la contratación de un nuevo secretario. El Boletín Oficial de Bizkaia publicó el pasado miércoles la solicitud enviada por el Consistorio a la Diputación de Bizkaia (la institución que nombra estos empleados) para el "nombramiento en comisión de servicios en puesto de secretaría del ayuntamiento de Iurreta".
El puesto está ocupado actualmente por la secretaria Irma Domingorena, quien fue cesada en 2020 por el anterior alcalde Iñaki Totorikaguena (PNV) después de que desvelase irregularidades en el consistorio. Se reincorporó a su puesto hace casi un año (aunque ahora está de baja laboral) tras ganar la denuncia que interpuso en los tribunales. De hecho, la decisión de buscar otro secretario por parte del Ayuntamiento se ha materializado poco después de que el Tribunal Supremo haya confirmado la "desviación de poder" en el Consistorio de Iurreta por el cese hace casi cuatro años de la secretaria municipal. La sentencia del alto tribunal, del pasado 24 de abril y que es firme, obliga además al Consistorio vizcaíno al pago, en concepto de salarios atrasados, de más de 200.000 euros a la secretaria.
Este caso ha tenido como consecuencia la dimisión del anterior alcalde Iñaki Totorikaguena, que dejó su cargo en marzo pasado tras 17 años como primer edil de Iurreta. Fue el responsable de la fulminante destitución de la secretaria municipal a finales de 2020. Un mes antes de hacerse efectivo el cese, ordenó que no se diera trabajo a la secretaria mediante un correo electrónico y en día festivo por la noche. Con 18 años de experiencia en la administración pública como letrada y secretaria municipal, la secretaria había desvelado meses antes numerosas irregularidades en el consistorio.
Iñaki Totorikaguena / PNV
Entre ellas, la autorización al arquitecto municipal para la adjudicación 'a dedo' de un contrato a su hija por un valor cercano a los 3.000 euros, sin que acometiera ningún trabajo para el Ayuntamiento de Iurreta. La secretaria detectó además hasta alrededor de 60 contratos menores (los que se adjudican sin concurso y a dedo por ser cantidades inferiores a 15.000 euros) sin que se hubieran cumplido las exigencias legales de control.
El Tribunal Superior de Justicia vasco inició hace casi tres años, en junio de 2021, la investigación para determinar si se ocultaron las razones reales de la destitución de la secretaria municipal y la supuesta desviación de poder del exalcalde Iñaki Totorikaguena. Y es que el primer edil argumentó, cuando decidió prescindir de Irma Domingorena, que el Ayuntamiento de Iurreta "se encuentra inmerso en una serie de proyectos estratégicos especialmente complejos en el ámbito urbanístico, organizativo y de Administración electrónica que requieren para su consecución de la prestación de servicios por parte de personal especialmente cualificado; con experiencia y un adecuado conocimiento tanto de la organización como de la idiosincrasia municipal".
En su sustitución, se nombró, por el llamado mecanismo de acumulación, a la secretaria de la localidad cercana de Amorebieta. Se trató de Aizbea Atela, quien fue juntera (miembro del Parlamento de Bizkaia) en representación del PNV durante 8 años, de 2003 a 2011. Permaneció en el cargo únicamente 13 meses, hasta que pidió ser sustituida. Su puesto fue ocupado por una administrativa, como secretaria accidental, y diplomada en Magisterio, una categoría nada habitual para este cargo, ya que suelen ser técnicos y no administrativos y además con una licenciatura en Derecho o Empresariales que le permite tener conocimientos jurídicos. Un perfil muy alejado del que alegó el anterior alcalde cuando prescindió de la secretaria.
El puesto de secretario es clave en un ayuntamiento y un perfil "crítico" es molesto para determinados alcaldes que no quieren "obstáculos" legales en cuestiones como el urbanismo. Hace más de un año, en febrero de 2023, el Tribunal Superior vasco dictó una sentencia que apreciaba desviación de poder por parte del ayuntamiento y declaró nulo el despido de la secretaria, con la restitución a su puesto y el abono de los salarios de la exsecretaria durante los dos años y medio que llevaba sin su trabajo.
Tribunal Supremo
Pese a la sentencia, la afectada continuó sin su trabajo. Por ello, pidió la ejecución provisional de la sentencia referida a su reincorporación. Y de nuevo el Superior, en un auto dictado el 9 de julio de 2023, desestimaba los argumentos esgrimidos por el Ayuntamiento de Iurreta, que rechazaba la reincorporación, y ordenó su vuelta inmediata. El entonces alcalde cumplió entonces el requerimiento y, desde agosto pasado, la secretaria está de nuevo en su puesto, aunque actualmente se encuentra de baja laboral.
La sentencia del Superior solo fue recurrida por el Ayuntamiento ante el Supremo. La Diputación vizcaína, la institución que formalmente tramitó la destitución, no lo hizo. En el fallo dictado el pasado 24 de abril, el Tribunal Supremo rechaza la petición del Consistorio de Iurreta y hace firme el fallo del Superior vasco. Eso supone el pago de los salarios atrasados a la secretaria municipal durante tres años y medio, que, sin incluir los intereses, suponen más de 200.000 euros. Una cantidad que, junto a otros conceptos y el pago de la cuota empresarial a la Seguridad Social, se acercará a los 300.000 euros, según fuentes municipales.
El Tribunal Superior notificó la resolución al ayuntamiento la pasada semana y el consistorio tiene que abonar la deuda antes del 27 de julio, según establece la ley de la jurisdicción contencioso-administrativa. Pero, en vez de cumplir la sentencia, ha pedido otro secretario para el puesto que ocupa la empleada. La afectada pidió recientemente un anticipo de nómina, un derecho que tienen los empleados públicos en Euskadi, que suele ser de dos mensualidades y siempre se concede. De hecho, según fuentes municipales, en Iurreta históricamente se aprueba el pago de hasta 6.000 euros, aunque el solicitante tenga un salario inferior a esa cantidad en dos meses. En el caso de la secretaria, no ha recibido ninguna respuesta ni del actual alcalde Oskar Koka (PNV) ni de ninguna otra instancia municipal. Únicamente, y de manera verbal, se ha informado a un concejal de la oposición que no se concede porque no hay crédito presupuestario.
Pese a los varapalos judiciales al Ayuntamiento de Iurreta por el cese ilegal hace tres años y medio de la secretaria municipal, el Consistorio (con otro alcalde) sigue ignorando a la Justicia y ha impulsado la contratación de otro secretario. Sin pagar cerca de 300.000 euros (más de 200.000 en salarios a la actual secretaria municipal), casi el 5% del presupuesto municipal anual, por una pésima gestión. Es deseable que la Justicia ponga en su sitio a este ayuntamiento.