El Tribunal Superior vasco lleva casi tres años para decidir si son legales las obras del polémico casoplón de 11 habitaciones y 11 baños construido por la familia de una ex concejal del PNV de Zarautz que incumple la ley de Suelo. El alto tribunal inició una investigación en noviembre de 2021 tras el previo archivo del caso por un juzgado de San Sebastián, que consideró legal la construcción del palacete basándose solo en la normativa municipal del Ayuntamiento guipuzcoano de Aia y sin hacer ninguna referencia a las leyes urbanísticas de rango superior, las del Gobierno vasco. Obviaba igualmente la opinión de la Diputación de Gipuzkoa y el Ararteko, contrarias al proyecto del palacete.

El Superior dictó en marzo de 2022 un auto en el que daba por concluida la investigación y dejaba solo pendiente el “señalamiento de día para la votación y fallo” del caso. 27 meses después de esa resolución, sigue sin conocerse la decisión del alto tribunal vasco.

La lentitud de la Justicia ya tiene antecedentes en este caso. En noviembre de 2019 un juzgado de Azpeitia archivó la investigación por no practicarse ninguna pesquisa en tres años. Así, cinco personas que habían sido imputadas, entre ellos el exalcalde de Aia, quedaron sin ninguna responsabilidad.

Y es que este caso lleva ya nueve años en los tribunales. En 2015, se presentó una demanda por parte la Federación Guipuzcoana de los Deportes Aéreos, que desde hace más de 30 años utiliza el paraje donde se asienta el palacete para la práctica del parapente. Se basaba en que la familia de la ex concejal de Urbanismo y Obras en Zarautz, Maite Garrastazu, aprovechó un caserío en ruinas para ejecutar una nueva edificación en una ubicación diferente; la superficie se duplicó (567metros cuadrados frente a los 309 del antiguo caserío, y la a planta del palacete es 2,5 veces mayor: 469 metros cuadrados frente a 183) y se asienta en un área rural de especial protección y en un corredor ecológico, donde habita una pareja de halcones peregrino. El proyecto tenía un informe contrario del Ararteko que concluyó que, al tratarse de un suelo no urbanizable de especial protección, “solo cabe autorizar las obras de reconstrucción de caseríos existentes” en casos excepcionales y la ley de suelo “no permite el cambio de ubicación”.

Además, la Diputación de Gipuzkoa, en un informe firmado el 7 de mayo de 2015 por el jefe de la Sección Técnica del Departamento de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Diputación de Gipuzkoa, concluía que la Ley del Suelo vasca prohíbe reconstruir caseríos aumentado la edificación y «es evidente que la estructura del edificio en construcción supera claramente el volumen del caserío anteriormente existente». Agregaba que los nuevos edificios residenciales en suelo urbanizable solo se permiten si están adscritos a una explotación agraria pero que «es importante destacar» que la ley del Suelo «indica claramente que no se podrán construir nuevos edificios residenciales en zonas de especial protección».

Durante estos nueve años, han salido a la luz nuevas irregularidades. La familia Garrastazu acometió obras de urbanización para acceder al palacete sin licencia municipal  como reconoció el propio ayuntamiento de Aia y en un área de especial protección. Por estas irregularidades, un juzgado de Azpeitia, en un auto dictado el 4 de diciembre de 2018, llegó a citar como imputados por indicios de delito en las obras de urbanización al ex alcalde de Aia y ahora concejal en el municipio Igor Iturain (PNV), el arquitecto Gaizka Perosterena, el aparejador Mikel Iradi y dos miembros de la familia promotora del casoplón, Elisabeth Garrastazu y María Garrastazu. La toma de declaraciones de los cinco se había fijado para el 11 de marzo de 2019. Pero, debido a la inacción judicial, los plazos fijados expiraron y se anuló la toma de los testimonios, lo que luego llevó al archivo provisional de la investigación.

En el expediente urbanístico de la construcción del casoplón, solo existe un informe técnico (no hay otro jurídico), sin firma, que avala la construcción con el argumento, entre otros, de que la «atípica composición familiar de la familia Garrastazu por numerosa» explica que haya 11 dormitorios. «Es excepcional y ante una situación excepcional se puede y debe haber una interpretación excepcional de la norma”.

De hecho, el expediente se mantuvo oculto durante un año por parte del Ayuntamiento de Aia hasta el punto de que la Fiscalía de Gipuzkoa apercibió, en abril de 2016, al Consistorio de un «delito de desobediencia» por negarse a facilitar el expediente urbanístico tanto por la Ertzaintza como por los demandantes.

En esta instrucción en la vía contenciosa, los denunciantes han argumentado que tanto el casoplón como la urbanización son ilegales, mientras que el Ayuntamiento y los promotores sostienen que las normas urbanísticas municipales permiten la construcción del nuevo palacete en un lugar distinto y que la superficie construida es prácticamente la misma a la del caserío original. 

De nuevo, la lentitud de la Justicia aparece en un caso que está en los tribunales. Con el agravante de que no se trata de un juzgado de instrucción, sino de la más alta instancia judicial en Euskadi: el Tribunal Superior. Se deben aclarar la multitud de irregularidades detectadas en este casoplón: se edificó en una zona protegida un caserío nuevo (a 250 metros de otro derruido) argumentando que es una reconstrucción; duplicando la superficie; acometiendo una urbanización sin licencia y con numerosas lagunas, de transparencia y falta de datos, en el expediente urbanístico. Han pasado nueve años y parece que no hay un deseo de solventar este asunto.