Primer gran lío para el Gobierno de Imanol Pradales. Porque su consejera de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca, Amaia Barredo, va a ser investigada por presunta prevaricación por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV).
El Juzgado de Instrucción número 3 de Vitoria-Gasteiz, que instruye una denuncia contra la actual consejera y exdiputada alavesa de Sostenibilidad, Agricultura y Medio Natural, Amaia Barredo, ha acordado remitir al citado tribunal la investigación por la presunta comisión de un delito de prevaricación abierta contra la exdirigente foral, por su condición de aforada tras ser nombrada consejera del Ejecutivo autonómico.
Según ha informado el TSJPV y recoge Europa Press, la jueza ha dictado un auto fechado el 27 de junio en el que en su parte dispositiva acuerda "remitir a la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco testimonio íntegro de las actuaciones respecto" de esta "investigada".
La investigación trata de determinar si cuando Barredo era viceconsejera de Medio Ambiente en el Gobierno Vasco, antes de su etapa como diputada foral, incurrió en un delito de prevaricación administrativa relacionado con una licencia concedida para un proyecto de valorización de papel en Bergara (Gipuzkoa).
Cabe recurso al auto
En los antecedentes de hecho del auto, se recuerda que las diligencias previas abiertas en el citado juzgado se tramitan por "hechos que, aparentemente, pueden constituir un delito de prevaricación administrativa".
En este sentido, figuran "en calidad de investigados" la recién nombrada consejera de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca, y el director de Calidad Ambiental y Economía Circular del Gobierno Vasco, Javier Agirre Orcajo. Este auto no es firme y cabe interponer recurso de reforma ante el mismo juzgado y de apelación ante la Audiencia Provincial de Álava.
Los hechos
Los hechos fueron denunciados por una plataforma ecologista por haber autorizado un proyecto de valorización de residuos en Bergara (Gipuzkoa), presentado por la empresa Valogreene Paper.
La empresa quería crear una planta de "producción ecológica de cargas minerales" a partir de residuos de la industria papelera. Sin embargo, la denuncia recoge que el proyecto se modificó "sensiblemente", que el Ayuntamiento, dirigido por EH Bildu, revocó la autorización inicial por este motivo y que el Gobierno Vasco hizo caso omiso de ello y le dio luz verde.