Itxaso reactiva el consenso en Vivienda a la espera de la decisión del Tribunal Constitucional

La vivienda es, junto al empleo u Osakidetza, una de las principales preocupaciones de la sociedad vasca. Fue uno de los temas de la campaña electoral y, ahora, es una de las principales prioridades del nuevo Gobierno vasco. Cada vez es más complicado acceder a una vivienda, sobre todo para los jóvenes, por los altos precios de los alquileres. De hecho, Euskadi es la cuarta comunidad autónoma que más dinero destina al pago del alquiler, un 54% del salario. Lejos de que las expectativas mejoren, la mitad de los vascos cree que en cinco años este tipo de dificultades aumentarán. 

Con este contexto de por medio, "para dar una respuesta de país a la emergencia social que hoy es la vivienda", el exdelegado del Gobierno en el País Vasco y nuevo consejero de Vivienda y Agenda Urbana, Denis Itxaso, ya ha avanzado que su primera medida será la convocatoria, este mismo mes de julio, del Pacto Social por la Vivienda de Euskadi para abordar la actual problemática. Junto a la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, el consejero elegía como punto estratégico para anunciar su propósito el barrio de Txonta (Eibar), donde se han llevado a cabo actuaciones en materia de regeneración urbana, construcción de vivienda protegida en alquiler y rehabilitación de edificios en desuso para crear apartamentos para jóvenes. 

De esta manera, Itxaso pretende reactivar el consenso en materia de vivienda y, para ello, busca la implicación de los agentes firmantes del Pacto Social por la Vivienda, un compromiso a 15 años que suscribieron en noviembre de 2022 un total de 90 organizaciones de Euskadi, entre ellas, administraciones públicas, empresas de la construcción o de la banca, universidades y asociaciones. "Necesitamos implicar a todos los agentes sociales y económicos con el objetivo de sentar las bases para garantizar el acceso a una vivienda digna para todos y muy especialmente para las personas jóvenes", remarcaba. 

Precisamente, en los jóvenes ponía el acento el consejero, que advertía de que "no habrá futuro si la juventud no encuentra alternativas de vivienda que le permitan construir su proyecto vital en Euskadi". "La premisa para retener nuestro talento, renovar generacionalmente la sociedad y seguir avanzando hacia un futuro próspero y sostenible es que las personas jóvenes encuentren un lugar donde vivir", defendía, así como apelaba "a buscar soluciones innovadoras que ataquen el problema desde sus múltiples flancos". 

La ministra de Vivienda en su visita al barrio de Txonta / JAVIER ETXEZARRETA - EFE

Pradales también pone el foco en Vivienda 

El lehendakari Imanol Pradales también ha comenzado ya los primeros contactos con la Asociación de Municipios Vascos (Eudel) para buscar soluciones al problema de la vivienda. El lehendakari propone una batería de propuestas como agilizar los trámites para construir nuevas viviendas o dividir pisos antiguos con mucha superficie. 

También pone la lupa en los jóvenes y, para mitigar su situación, Pradales plantea fomentar la construcción de alojamientos dotacionales destinados sobre todo a las personas jóvenes. 

Imanol Pradales con una representación de Eudel / ADRIÁN RUIZ HIERRO - EFE

A la espera de la decisión del TC

Sin embargo, el PSE-EE —socio del Gobierno vasco— tiene un frente abierto en este aspecto, pues el Tribunal Constitucional (TC) tiene que emitir aún su decisión sobre el recurso que en el mes de febrero el Gobierno vasco presentó a la Ley de Vivienda del Ejecutivo central, impulsada por los socialistas. Un recurso impulsado por el PNV sin el visto bueno de los tres consejeros socialistas que conformaban el anterior Gobierno vasco.

Los nacionalistas vascos consideran que dicha ley vulnera competencias de Euskadi y, por eso, recurrieron siete artículos, una disposición transitoria, una adicional y dos finales. Desde el sector socialista, en cambio, defendían que "es una oportunidad para Euskadi porque no impone, sino que amplía derechos" e insistían en que la norma faculta a las autonomías para adoptar medidas para las que no tienen competencias y permite que dispongan de todas las herramientas posibles y útiles para afrontar el acceso a una vivienda asequible.