Terremoto en los cuerpos policiales con Euskadi como epicentro. Diversas organizaciones de guardias civiles y policías nacionales se han mostrado críticas y en algunos casos han lamentado que el Ministerio del Interior haya acordado con el Gobierno vasco la ampliación de competencias de la Ertzaintza en puertos y aeropuertos.

Era de esperar que el acuerdo entre los ejecutivos para desplegar a ertzainas en infraestructuras clave generaría polémica. Sobre todo, entre los sindicatos y asociaciones de los cuerpos policiales. El descontento es evidente entre policías y guardias civiles. Y así lo demostraban este miércoles nada más conocerse el pacto de Lakua y Moncloa suscrito por el consejero de Seguridad del Gobierno vasco, Bingen Zupiria, y el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska en la Junta de Seguridad.

Más en concreto, tal y como detalla Efe el secretario general de la asociación Justicia para la Guardia Civil (JUCIL), Ernesto Vilariño, afirma que "los acuerdos suponen una pérdida de competencias" para el Cuerpo y anuncia que esta organización vigilará que no afecte a los guardias civiles destinados en el País Vasco.



La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) ha manifestado en otro comunicado que Fernando Grande-Marlaska "vuelve a traicionar" al instituto armado y cree que "el plan diseñado desde el Ministerio" sí supondrá que "se consuma la entrega al País Vasco del control de sus fronteras en los puertos y aeropuertos".



"Con este acuerdo la Ertzaintza pasará a ejercer competencias no solo sobre la zona pública de los puertos y los aeropuertos sino también en la restringida, con lo que su control será también total", señala.



La AUGC teme que la Guardia Civil quede relegada de funciones exclusivas que le concede la ley "otorgando a las fuerzas autonómicas el control total de los puntos de acceso a territorio europeo por las fronteras del espacio Schengen aéreas y marítimas".



Además denuncia que "los nacionalismos consiguen su objetivo de desmembrar a la Guardia Civil", recuerda la pérdida de competencias de este Cuerpo, cuya plantilla "se ha reducido un 20 por ciento en el País Vasco en los últimos diez años", y anuncia que se reserva las acciones jurídicas necesarias.



Por su parte, un portavoz del sindicato de la Policía Nacional Jupol ha manifestado a EFE va a "mantener una actitud vigilante para que no se realice ninguna cesión de competencias de manera irregular”.



Y desde el Sindicato Unificado de Policía (SUP) han señalado que "la Policía Nacional no puede ser usada como moneda de cambio".



Según ha comentado a EFE un portavoz del SUP, "la cesión de las competencias de seguridad ciudadana en puertos y aeropuertos vascos, como ya ha ocurrido anteriormente en Cataluña con los Mossos d'Esquadra, atiende más a intereses políticos que a la mejora de la eficacia de la seguridad ciudadana en lugares tan estratégicos como son los puestos fronterizos".



En un comunicado la Confederación Española de Policía (CEP) subraya que "Interior da otra gravísima vuelta de tuerca al desmantelamiento de las competencias de la Policía Nacional en puertos y aeropuertos del País Vasco cediéndolas a la Ertzaintza por cálculos políticos".