El mes de julio acaba, tras las varias reuniones llevadas a cabo, con algunos anuncios relevantes de cara a los próximos meses. Uno de ellos, el arranque en septiembre de la mesa de trabajo para lograr —en seis meses marca el lehendakari de plazo— el pacto por Osakidetza. Por otra parte, la reciente reunión que mantuvieron la consejera vasca de Autogobierno, María Ubarretxena, y el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, marca también una fecha en el calendario: antes de que acabe octubre se pondrá en marcha la Comisión Bilateral Permanente para profundizar en las 29 transferencias pendientes y, especialmente, en seis de ellas.
El asunto de las transferencias del Estatuto de Gernika que quedan pendientes de traspasar viene de largo. Ahora, en el horizonte está esa primera reunión que, según la consejera vasca y el ministro, servirá para avanzar en aquellas transferencias de las cuales el Ministerio de Política Territorial cuenta ya con un borrador del anterior Gobierno vasco. Son, en concreto, seis materias: gestión del litoral, Inmigración, Salvamento Marítimo, Metereología, Seguridad y Salud en el trabajo y Fondo de protección a la cinematografía.
"Entre las peticiones, una expresa, es la del litoral que la entendemos. Nace también ante el fallo reciente del Tribunal Constitucional con respecto a otras comunidades que han pedido también esa competencia autonómica", señalaba el ministro. De esta forma, hacía referencia a la decisión del pasado mes de abril del Tribunal Constitucional (TC) de avalar la Ley de ordenación y gestión del litoral de Galicia, una ley que había sido recurrida por el Gobierno central porque alegaban que para asumir la competencia de costas, Galicia tendría que reformar su Estatuto de Autonomía.
Sin embargo, el Constitucional sentenció que no era necesaria dicha reforma, por lo que este movimiento abrió la puerta a que Euskadi pudiese asumir esta competencia al igual que los gallegos, ya que los artículos de ambos estatutos que hacen referencia a esta materia son iguales.
La consejera vasca de Autogobierno, María Ubarretxena, junto al ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres / ANITA DE CHIRICO - EFE
Gestión de cercanías, una de las últimas
Febrero fue el mes de la llegada de tres nuevas transferencias: la gestión de los ferrocarriles de cercanías, la homologación de los títulos universitarios extranjeros y el sistema de acogida de inmigrantes. Así, el exlehendakari, Iñigo Urkullu, se despidió de sus 12 años del Gobierno vasco con tres competencias más bajo el brazo. Las tres competencias formaban parte del acuerdo entre el PSOE y el PNV para que los nacionalistas vascos apoyaran la investidura de Pedro Sánchez.
En cuanto a la gestión de cercanías, las funciones que asume la Comunidad Autónoma Vasca comprenden la regulación, planificación, gestión, coordinación e inspección de los servicios, así como la potestad tarifaria, los horarios y las frecuencias de los trenes. El acuerdo también hace mención a las transferencias de las líneas de acceso al Puerto de Bilbao, que en un futuro serán sustituidas por la Variante Sur Ferroviaria.
En lo que se refiere al sistema de acogida de inmigrantes, el Gobierno vasco asume el desarrollo de la gestión integral del proceso de acogida de las personas refugiadas o asiladas. Es decir, un periodo en el que se les da apoyo para acceder a la formación para el empleo, se les acompaña en la búsqueda de vivienda y se les facilitan actividades de inserción.
Asimismo, hace escasas semanas, la Ertzaintza asumió las actividades de seguridad ciudadana en Puertos y Aeropuertos. Además, la Policía autonómica vasca también tendrá "la responsabilidad policial de los planes de apoyo operativo en las infraestructuras críticas del Puerto de Bilbao, incluido el propio puerto y la zona conocida como restringida". Todo ello en cumplimiento de lo establecido en el Estatuto de Gernika.
Tren de Renfe. / EP
Prisiones, la más polémica
En junio de 2018, recién elegido Pedro Sánchez, el presidente y el entonces lehendakari Urkullu crear un grupo de trabajo para avanzar en la negociación de las entonces todavía 37 competencias pendientes de transferir a Euskadi. La más relevante llegó en 2021 con la gestión de las tres cárceles vascas. El 1 de octubre de 2021 Euskadi comenzó a gestionar las cárceles y desde entonces la mayor polémica se ha dado por la concesión del tercer grado por parte del Gobierno vasco a 43 presos de ETA, de las que 14 progresiones fueron posteriormente por la Audiencia Nacional.
Un año después, llegó la gestión de Ingreso Mínimo Vital (IMV). Una competencia que, tras muchos tiras y afloja, asumió el Gobierno vasco "de forma íntegra y sin límite temporal". El Ingreso Mínimo Vital (IMV) es una prestación para paliar situaciones de pobreza y, dado que el País Vasco es una comunidad pionera en las ayudas sociales a través de la Renta de Garantía de Ingresos (RGI), la nueva competencia es un complemento. Así, se optó por una nueva Ley que integra el IMV y complementa su cobro con la RGI, con lo cual se mejora el dinero que perciben las personas más vulnerables.