El parlamentario de Sumar, Jon Hernández, ha pedido al Gobierno Vasco que aclare si ha perdido recursos públicos tras el cierre empresarial de la firma que gestionaba el marketing del Basque Culinary Center (BCC), y si ha tomado "algún tipo de medidas para garantizar en adelante el buen uso de recursos de origen público por parte de empresas vinculadas" al BCC.
Hernández ha registrado en la Cámara vasca una pregunta para su respuesta por escrito, recogida por Europa Press, en la que hace referencia a una sentencia emitida por la Audiencia Provincial de Gipuzkoa que confirma el Auto dictado sobre la empresa Arista Comunicación SL, adjudicataria de un servicio de marketing para la fundación Basque Culinary Center, en relación a la comisión de "delitos de estafa y falsedad documental".
En la justificación de la iniciativa, Sumar afirma que el Grupo Arista quebró a finales de 2023, habiendo tenido hasta esa fecha entre sus clientes a administraciones y entidades públicas como el Gobierno vasco y las diputaciones de Gipuzkoa y Bizkaia, además del Museo Guggenheim, el Palacio Euskalduna y Hazi.
"En el concurso de acreedores de esta empresa, el balance presentado declaraba cero euros de activo y algo más de 2 millones de pasivo, datos con los que el cobro de las deudas por parte de los acreedores afectados se antojaba imposible", subraya la coalición en el texto.
Asimismo, califica de "llamativo" que "se repiten algunos de los nombres relacionados con el marketing del grupo Arista en los trabajos de marketing que a través de otras empresas realiza en estos momentos el Basque Culinary Center".
En este sentido, subraya que el Basque Culinary Center ha recibido "millones de euros públicos en los últimos años por parte de diversas instituciones, incluido el propio Gobierno vasco, razón por la que es de especial relevancia conocer cómo esta entidad utiliza el dinero y los recursos públicos que está recibiendo en nuestra opinión de forma excesivamente generosa".
También señala que el BCC "está embarcado en la polémica construcción con dinero público y en terrenos públicos cedidos de su nuevo edificio en el barrio Donostiarra de Gros con un gran rechazo del vecindario, y para el que se ha destrozado la última zona verde de uno de los barrios más densamente poblados de Euskadi, además de estar generando serias afecciones a varios centros escolares del entorno".
Recursos públicos
Por todo ello, Sumar pregunta por escrito al Ejecutivo vasco si ha sido acreedor en el cierre concursal del Grupo Arista y en caso afirmativo, si ha perdido recursos públicos en este cierre empresarial.
Además, pide al Gobierno Vasco que aclare si alguna institución o entidad pública ha sido acreedora en el cierre concursal, y si tiene conocimiento de la pérdida de recursos por parte del Basque Culinary Center en el cierre empresarial de este grupo de comunicación.
Finalmente, solicita al Ejecutivo que explique si ha tomado algún tipo de medidas para "garantizar en adelante el buen uso de recursos de origen público por parte de empresas vinculadas al Basque Culinary Center".