La sospecha de la posible radicalización terrorista de un saharaui de nacionalidad argelina residente de Zumárraga (Gipuzkoa) llevó a una red de investigación policial de una docena de países a levantar la Operación 'Miya II'. Esta operación, que culminó en 2023, es una de las más relevantes en Europa en los últimos años. Desmanteló una red de financiación del terrorismo yihadista en la que se incautaron más de 200.000 euros y que tenía previsto dos atentados.
Las sospechas sobre la posible vinculación del saharaui con el Estado Islámico (EI) surgieron cuando las autoridades descubrieron su contacto con un yihadista sirio que se encontraba en Suiza, pero que se dirigía a Francia, con la intención de cometer un atentado, el primero de los dos que tenía previsto esta red yihadista. Según fuentes policiales, el saharaui detenido estaba dispuesto a participar en este atentado.
No fue el único atentado previsto, sino que se detectó un segundo intento. En uno de los domicilios de los sospechosos se encontraron municiones de arma corta y un hacha, así como manuales para la fabricación de explosivos y propaganda yihadista, evidencias claras de los planes que estaban en marcha. Finalmente se procedió al arresto de cinco sospechosos residentes de España: "Uno de los arrestado había mostrado su intención de realizar un atentado", indica Florencio Domínguez, Director del Centro para la Memoria de las Víctimas del Terrorismo.
En total, fueron doce países, nacionales e internacionales, los que colaboraron mediante sus servicios de inteligencia para frenar tanto los dos atentados, como la red de criptomonedas para financiar actividades del DAESH. Entre ellos los de Marruecos, Argelia, Mauritania, Suiza, España, el FBI, Europol, la Policía Nacional y el Centro Nacional de Inteligencia (CNI).
La colaboración entre servicios de investigación de múltiples países fue crucial para desmantelar una red que operaba en diversos continentes: Europa, Oriente Medio y Afganistán, entre otros. Este caso también pone de relieve la creciente utilización de criptomonedas por parte de grupos terroristas. Según recoge el Balance Anual del Terrorismo en España 2023 (Florencio Domínguez, 2024), desde 2001 se han desarrollado 27 operaciones contra la financiación del terrorimo islamista.
Hecha la ley, hecha la trampa
Mediante 'Miya II' se levantó una de las principales investigaciones contra la financiación del terrorismo en Europa en los últimos años. La operación culminó en diciembre de 2023 con la incautación de 200.000 euros en criptomonedas, que estaban destinados a financiar actividades terroristas y al reclutamiento de nuevos miembros para el Estado Islámico, lo que se conoce como proselitismo.
La red utilizaba criptomonedas para evitar los controles de las fuerzas de seguridad, un método que se intensificó a raíz de las restricciones de libre movilidad que se establecieron en el conjunto de la Unión Europea como consecuencia del covid, lo cual dificultaba la circulación del dinero ilegal. Las organizaciones terroristas encontraron en las criptomonedas 'la trampa' para mover grandes cantidades de dinero sin dejar rastro, burlando los procedimientos tradicionales de vigilancia financiera.
El uso de estos recursos financieros difíciles de rastrear ha obligado a las autoridades a adaptar sus estrategias de lucha contra el terrorismo, haciendo que la monitorización de las transacciones en criptomonedas sea una prioridad. En este sentido, el Informe Anual de Seguridad Nacional de 2021 mostró la preocupación por el creciente uso de esta moneda de cambio -expresamente por parte del EI-, para ocultar el origen de los fondos, evitar las investigaciones policiales sobre su procedencia y destinarlo a la financiación de actividades terroristas.
Llamamiento a la colaboración ciudadana
En el caso de que un ciudadano detecte un posible caso de radicalización podrá colaborar con los cuerpos de seguridad aportando información al Centro de Coordinación de Información sobre Radicalización (CCIR) del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO) mediante su página web, su correo electrónico (stop-radicalismos@interior.es), o mediante el teléfono de contacto: 900 822 066.