La Fiscalía de Bizkaia ha mantenido la pena de hasta 12 años de inhabilitación por contrataciones ilegales para los dos anteriores alcaldes del Ayuntamiento vizcaíno de Zaratamo y el abogado municipal. El juicio, celebrado el pasado 10 de septiembre en la Audiencia de Bizkaia, no ha variado la condena pedida por la Fiscalía, que les acusa del delito de prevaricación debido a contrataciones ilegales durante 10 años.
El caso surgió tras la denuncia del anterior secretario municipal sobre los contratos suscritos con un abogado externo, que sumaron más de medio millón de euros. “Estaríamos ante un supuesto de fraccionamiento de contratos con la finalidad de acudir a procedimientos de contratación más laxos”, concluía la investigación judicial.
La principal responsabilidad recae en el anterior alcalde y exconcejal Jon Ajuria, quien representaba a la candidatura independiente Gure Herria.
El juzgado de instrucción número 6 de Bilbao, encargado de la investigación, le culpó de fraccionar los contratos del abogado externo entre 2011 y 2019 (los ochos años que estuvo como alcalde) pese a los sucesivos informes contrarios del secretario municipal, que advirtió que se superaba el importe económico legal y que prácticamente se adjudicaron a dedo.
Todo se inició tras una denuncia, presentada en 2020 ante la Fiscalía de Bizkaia, por parte del anterior secretario municipal (jubilado hace tres años), referida a las contrataciones del entonces abogado externo del Ayuntamiento, Álvaro Cueto, quien actualmente ya es empleado municipal.
El exsecretario consideraba ilegales los contratos suscritos con el abogado por realizarse sin convocatoria pública y utilizando el fraccionamiento durante esos 9 años.
El auto del juzgado de instrucción 6, fechado el 7 de junio de 2002, señalaba que las irregularidades comienzan en 2010, cuando era alcalde Roberto Ibarretxe, en representación de Eusko Alkartasuna.
Afirmaba que entonces se suscribe un contrato por dos años que excede el límite legal de 60.000 euros (que obligaba entonces, señala el juez, a una convocatoria pública y no a una invitación a tres ofertas) y alcanza los 81.000 euros.
Ese contrato no tiene ningún reparo del secretario municipal y es avalado por tres personas, entre ellos el entonces alcalde, quienes durante la instrucción han atribuido la aprobación a un “error” por no haber mirado la documentación.
El juez centraba las acusaciones en el anterior primer edil Jon Ajuria, quien al entrar en la alcaldía en 2011 ya firma un nuevo contrato con el abogado externo sin expirar el anterior.
Desde entonces va suscribiendo sucesivos contratos con el letrado para asuntos urbanísticos, en algunas ocasiones sin continuidad, lo que provoca que el abogado esté trabajando sin contrato, pero percibiendo 3.400 euros mensuales, sin contar el IVA.
El secretario municipal, que realiza su primer reparo a estas adjudicaciones en 2015, vuelve a emitir informes contrarios en 2018. Con la entrada del actual alcalde en 2019, se decide prescindir del abogado.
Pero el letrado presentada una denuncia y el Ayuntamiento, sin ni siquiera ir a juicio, decide readmitir al abogado. Una decisión que, como argumentó el juzgado, tiene la raíz en las irregularidades contrataciones, que “suponen la quiebra de los principios que han de regir la contratación pública y porque finalmente produjeron la ocupación de la plaza” de letrado asesor “por el Sr. Cueto”.
El juez concluía que se creó “la apariencia de cumplimiento de la legalidad y lograr de esta manera alcanzar el resultado idéntico en todos ellos: la contratación del Sr. Cueto a razón de 3.400 euros al mes (3.409 euros en el último contrato)”.
“La finalidad perseguida era la contratación del Sr. Cueto para la prestación de servicios de asesoría jurídica a razón de 3.400 euros al mes, recurriendo para ello al procedimiento negociado sin publicidad aún a sabiendas de que no se cumplían efectivamente los requisitos legales para ello, por ser éste un procedimiento más sencillo y manejable al no tener que realizarse una oferta pública. Todo ello con quiebra de los principios que han de regir la contratación pública”, agregaba.
La Fiscalía ha mantenido, durante el juicio del pasado 10 de septiembre, las penas que solicitó en febrero de 2023. Al anterior alcalde Jon Ajuria, le ha pedido un total de 12 años de inhabilitación para cargo público por un delito continuado de prevaricación.
Al abogado municipal, 11 años de inhabilitación también por el delito continuado de prevaricación y otro de prevaricación. El exalcalde Roberto Ibarretxe recibe la pena menor, al considerar que comete solo prevaricación, por lo que le pide 7 años de inhabilitación.
En la vista oral, las defensas de los acusados trataron de descalificar al denunciante, el anterior secretario municipal. El abogado del exalcalde Ibarretxe argumentó que sus contrataciones no tuvieron ningún informe contrario del secretario y que fueron avaladas además por otros trabajadores. El caso ya ha quedado visto para sentencia.
Ya se ha celebrado, cuatro años después de iniciarse la investigación, el juicio contra un ayuntamiento vizcaíno que, al parecer, se saltó a la torera la contratación externa, en este caso de un abogado urbanista durante 10 años, quien llegó a trabajar y cobrar incluso sin contrato en vigor. El viejo ardid de fraccionar contratos para evitar una convocatoria pública y nombrar a quien interesa al alcalde de turno.
En la vista oral la Fiscalía ha mantenido la petición de hasta 12 años de inhabilitación por prevaricación contra dos exalcaldes y el abogado municipal, aunque la principal responsabilidad recae en el anterior primer edil, de un grupo independiente. También sorprende que la corporación, tras desprenderse del abogado externo y ser demandada por el letrado, le readmitiera ya como empleado municipal sin ir ni siquiera a juicio.