Puntos de recarga de vehículos eléctricos
El PNV propone eliminar los permisos para agilizar los puntos de recarga para coches eléctricos
El PNV de Aitor Esteban propone facilitar la burocracia para instalar puntos de recarga
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El Partido Nacionalista Vasco (PNV) quiere agilizar la instalación de puntos de recarga para coches eléctricos eliminado trabas administrativas como la obtención de licencias o autorizaciones previas. Los nacionalistas abogan por otros trámites más sencillos, como una simple declaración responsable por parte del interesado, para favorecer el despliegue rápido de las infraestructuras de recarga.
Esa es la propuesta que defiende el grupo vasco en el Congreso de los Diputados en una de las enmiendas que ha presentado la Proposición de Ley de modificación de la Ley del sector Eléctrico y la Ley del sector de Hidrocarburos. Con esta simplificación administrativa, el partido añade que las declaraciones responsables permitirán iniciar la instalación desde el mismo día de su presentación en ventanilla. “Sin perjuicio de las facultades de comprobación, control e inspección de las administraciones públicas competentes”, explican.
El partido de Aitor Esteban sigue adelante con su apuesta institucional por la promoción del coche eléctrico. En este sentido, el texto de la enmienda señala que para la instalación de puntos de recarga “no podrá exigirse por parte de las administraciones públicas la obtención de licencia o autorización previa de obras, instalaciones, de puesta en marcha, de funcionamiento o de actividad, de carácter medioambiental, ni otras de clase similar o análogas, excepto en edificaciones del patrimonio histórico-artístico con la categoría de bien de interés cultural”.
El grupo vasco quiere que esto también sea aplicable al resto de trámites relacionados: instalación de líneas o centros de transformación, Cuadros Generales de Protección y Medida o seccionamiento propiedad del titular o de la empresa distribuidora. “En todo caso, el declarante deberá estar en posesión del justificante de pago del tributo correspondiente cuando sea preceptivo”, añaden. “La declaración responsable deberá contener una manifestación explícita del cumplimiento de aquellos requisitos que resulten exigibles de acuerdo con la normativa vigente, incluido, en su caso, estar en posesión de la documentación que así lo acredite”.
Para que estos cambios no queden “sin efecto” en la práctica, el PNV destaca que esta declaración responsable deberá ser aplicarse tanto a la instalación de la infraestructura como a los trámites reglamentarios que competen a la empresa gestora de la red de distribución eléctrica. Y con todo ello, la instalación se podrá realizar desde el mismo día del a presentación de los documentos.
“La inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, en cualquier dato, manifestación o documento que se acompañe o incorpore a una declaración responsable, o la no presentación de la declaración responsable determinará la imposibilidad de explotar la instalación y, en su caso, la obligación de retirarla desde el momento en que se tenga constancia de tales hechos, sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles o administrativas a que hubiera lugar”. Las administraciones públicas competentes establecerán los elementos de la declaración responsable que tendrán dicho carácter esencial.
Para la instalación de puntos de recarga en infraestructuras titularidad de las administraciones públicas y explotadas en régimen de concesión administrativa, el PNV aboga para que la presentación de la declaración responsable implique la correspondiente autorización por parte de la Administración concedente, que tendrá “la obligación” de facilitar la firma de la documentación de cesión necesaria.
Ayudas para la compra de vehículos eléctricos
El Gobierno central acaba de recuperar las ayudas derogadas a la compra del vehículo eléctrico, el programa de incentivos conocido como Plan Moves III.
Este plan prevé ayudas para la compra de vehículos eléctricos, de pila de combustible y a la instalación de puntos de recarga eléctrica.
Estarán vigentes hasta el próximo 31 de diciembre y tendrán carácter retroactivo desde el pasado 1 de enero, salvando así los efectos de la derogación de la anterior prórroga por parte del Congreso.
