Y llegó el gran día. Pedro Sánchez comparece este miércoles en el Congreso de los Diputados para dar cuentas sobre la presunta corrupción del 'caso Koldo' que salpica a miembros de su partido y anunciar un paquete de medidas en contra de la misma.
Claro y conciso, y tras asegurar que, pese a que consideró dimitir, "no va a tirar la toalla" y que en España no existe una "corrupción sistémica", el presidente del Gobierno ha anunciado un plan estatal de lucha contra la corrupción.
Quince medidas, ha detallado, de "gran calado" que se han elaborado este último mes a raíz de las informaciones que salpican tanto a su partido como al Ministerio de Transportes cuando José Luis Ábalos era su titular.
Entre estas quince medidas se incluyen el aumento de condenas para este tipo de delitos, duplicar el tiempo de prescripción y crear listas negras de empresas condenadas para que no puedan contratar con la administración pública. Así como la creación de una agencia anticorrupción independiente y la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para proteger aún más a los informantes que denuncien delitos de corrupción.
En su elaboración han participado múltiples expertos y técnicos, incluidos de la OCDE, además se han incorporado, ha insistido Sánchez, demandas de sus socios así como recomendaciones de la Comisión Europea.
El plan, "supondrá el mayor impulso a la prevención, lucha y reparación de la corrupción que se ha hecho en los últimos años", ha recalcado, de manera que el país se situará "a la vanguardia del continente".
Y en esta línea, ha insistido en que el Gobierno central "cumplirá hasta la última coma con las medidas" para lo que se ha acordado un sistema de seguimiento con la propia OCDE.