Antxon Alonso niega ante el Tribunal Supremo que Cerdán tuviese participación de Servinabar

Este lunes era el turno de despejar la incógnita que se ha repetido en los últimos días continuamente y saber qué nivel de implicación tenía el empresario vasco Antxon Alonso con el caso Cerdán. 

Las versiones coinciden. Alonso niega que el ex secretario de organización del PSOE, Santos Cerdán, haya sido socio de Servinabar, a sociedad unipersonal creada en 2015 por este empresario nacido en Elgoibar.

El nombre de Antxon Alonso aparece en el informe de la UCO que destapó el papel de Cerdán en la trama, en particular por un contrato privado de 2016, hallado en el registro de su vivienda, en el que Cerdán adquiría casi la mitad de participaciones de Servinabar, una empresa navarra beneficiaria de adjudicaciones.

El empresario vasco ha asegurado este lunes ante el Tribunal Supremo, que el documento encontrado por la UCO en su casa se trata de "un borrador" y que nunca se llevó a efecto porque el político se echó atrás.

Aunque, ha admitido que hizo una donación esporádica de 4.500 euros a Fiadelso, la fundación de Ábalos, por motivos fiscales.

El empresario, que ha respondido únicamente a su defensa, ha negado contundentemente que él o su sociedad hayan participado en el pago de mordidas para obtener adjudicaciones y ha insistido en que las obras que aparecen en el informe de la UCO son anteriores a la llegada de José Luis Ábalos al Ministerio de Transportes.

A exclusión de una, la del Navarra Arena, que supuestamente se realizó después de esta incorporación. Aunque su defensa ha incidido en que el informe de la Guardia Civil no recoge ningún indicio adicional de irregularidades, dado que no se habla de ella en las grabaciones.

Así, el empresario asegura que él es el único propietario de la compañía y que Cerdán "no ha sido nunca, ni es socio de Servinabar". Cerdán reconoció al juez que firmó el documento, pero asegura que nunca se elevó a escritura pública.

El juez prohíbe salir del país a Antxon Alonso

No obstante, el juez del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, ha considerado que hay "indicios bastantes" de que ambos -Antxon Alonso y Fernando Merino- podrían haberse beneficiado, "a cambio de un precio". 

Tras sus comparecencias, el magistrado instructor ha impuesto para ambos empresarios las medidas cautelares que ha solicitado la Fiscalía Anticorrupción: prohibición de salir del país con retirada de pasaporte y obligación de comparecer quincenalmente en el juzgado.