Bildu propone aumentar los porcentajes de viviendas protegidas para alquiler

Una de las iniciativas estrella de PNV y PSE-EE es la Ley de Medidas Urgentes de Vivienda, con la que los socios de Gobierno pretenden construir más VPO y regular los pisos turísticos, entre otras cuestiones. 

EH Bildu ha sido muy crítico con esta ley —votó en contra de su admisión a trámite en el Parlamento vasco— y ahora ha presentado 47 enmiendas parciales con el objetivo de "garantizar la creación de un gran parque público de pisos de alquiler y evitar que el anunciado incremento presupuestario para vivienda acabe en manos de los especuladores".

El parlamentario de Bildu, Xabier Astigarraga, que ha comparecido en el Parlamento para presentar las enmiendas, ha asegurado que la ley de PNV y PSE-EE "está pensada en los intereses privados, con el fin de garantizar una mayor rentabilidad a los promotores privados".

Desde Bildu se muestran preocupados porque la partida presupuestaria de vivienda para 2026 —que será la que más aumente— "acabe en manos de especuladores".

Según la formación abertzale, esta 47 enmiendas están destinadas "a garantizar una apuesta firme y clara por un parque público de vivienda orientado al alquiler", así como a "impedir que se reduzcan los porcentajes de vivienda protegida". "Establecen la obligación de destinar la mitad de esos porcentajes al alquiler social", ha señalado Astigarraga. 

La formación soberanista plantea que los porcentajes mínimos de vivienda en alquiler sean del 37,5% en suelos urbanizables y del 20% en suelos urbanos, frente a la propuesta del PNV y el PSE, que los fija en un 20 y un 10%.

Astigarraga ha manifestado que "crear un gran parte público de vivienda protegida en alquiler debe ser la prioridad en estos momentos". En este sentido, ha puesto de manifiesto que en los últimos cuatro o cinco años se han construido 2.500 viviendas en alquiler social, mientras en Etxebide existe una lista con 80.000 personas solicitando una vivienda de alquiler.

Acortar plazos 

Los abertzales sí están a favor de que se acorten los plazos urbanísticos para la promoción de viviendas, como se plantea en la ley, pero han advertido de que debe hacerse "de forma proporcionada". 

En este sentido, han propuesto establecer dos excepciones para poder declarar una actuación inmobiliaria como prioritaria y reducir los plazos: cuando sea una impulsada por una administración pública y cuando en una privada el promotor adquiera el compromiso de superar el mínimo legal de vivienda protegida.

Astigarraga ha criticado también que la propuesta de jeltzales y socialistas "no es de ninguna manera aceptable porque vulnera la autonomía municipal", puesto que —según ha dicho— no garantiza que la cesión de suelo por parte de los municipios se lleve a cabo solo cuando existe un "consenso" entre ambas administraciones.