En el centro, de blanco, Arantza Zulueta Europa Press
La abogada de presos de ETA Arantza Zulueta pide al Supremo anular la sentencia que ordena su entrada en prisión
La Audiencia Nacional dio un plazo a Zulueta y al también letrado Jon Enparantza de diez días naturales para su entrada en prisión y, por el momento, no consta que ya hayan ingresado
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La abogada de presos de ETA Arantza Zulueta y el también letrado Jon Enparantza han pedido anular la sentencia del Tribunal Supremo que ratificó sus condenas por integrar el frente jurídico de la banda terrorista, Halboka, lo que ha derivado en que se haya ordenado su ingreso en prisión para cumplirlas.
El incidente de nulidad —un recurso excepcional que se emplea ante resoluciones firmes— es el paso previo para poder recurrir en amparo ante el Tribunal Constitucional y no paraliza el ingreso en prisión, ordenado la semana pasada por la Audiencia Nacional, tribunal que dictó sendas condenas ahora confirmadas por el Supremo tras rechazar sus recursos de casación, han informado a EFE fuentes jurídicas.
En un auto fechado el pasado 28 de enero, al que tuvo acceso EFE, la sección cuarta de lo Penal de la Audiencia Nacional dio un plazo a ambos para su entrada en prisión de diez días naturales y por el momento no consta que ya hayan ingresado.
Integración en organización terrorista
Zulueta fue condenada a siete años y medio de cárcel por integración en organización terrorista y depósito de armas y explosivos, y Enparantza a cuatro años de prisión, en su caso únicamente por el delito de integración en ETA.
A ambos, la Audiencia Nacional les advirtió que de no cumplir con lo acordado en ese auto, en el que se procede a ejecutar la sentencia una vez declarada firme por el Supremo, se dictarían las correspondientes órdenes de busca y captura contra ellos para hacer efectivo el ingreso en prisión.
Al conocer la decisión de la Audiencia Nacional, EH Bildu expresó su rechazo y la calificó de "un fallo absolutamente anacrónico" que supone "un retorno a escenarios del pasado".
En este mismo procedimiento fueron también condenados los abogados Naia Zuriarrain e Iker Sarriegui, a quienes el Supremo rebajó sus penas de prisión de tres años y medio a dos años y de tres años a un año y medio, respectivamente, al considerar que su responsabilidad era de menor gravedad en la estructura investigada y sin conexión con actividades violentas.
A ellos dos, los magistrados les plantearon la posibilidad de solicitar la suspensión de la condena, al no ser esta finalmente superior a los dos años de cárcel, lo que hubiera también motivado que tuvieran que ingresar en prisión.
Según recoge el auto, los cuatro fueron detenidos el 14 de abril de 2010 y cinco días después el juez de instrucción decretó su ingreso en prisión provisional hasta el 3 de diciembre de ese mismo año, en el que quedaron en libertad bajo fianza de 20.000 euros.
Responsables del órgano KT
Zulueta y Enparantza ya fueron juzgados en otro procedimiento como responsables del órgano KT —a coordinadora del llamado frente de cárceles o de 'makos'—, juicio que se saldó con un acuerdo de conformidad con la Fiscalía -que pedía para ellos 14 años de cárcel- y la Asociación Víctimas del Terrorismo.
Ambos fueron condenados a tres años y medio y dos años y siete meses de cárcel, respectivamente, a cambio de reconocer su labor para mantener la cohesión de los presos y, tras descontarles el tiempo en prisión preventiva a raíz de su detención en 2014 en la operación Jaque, cumplieron los meses que les quedaban para completar la condena pactada.
Salvo la reducción de pena a dos de los condenados, el Supremo ha confirmado en su totalidad la sentencia de la Audiencia Nacional por Halboka, que estableció que los acusados, al margen de la defensa jurídica de miembros de ETA, mantenían la vinculación de los presos con la dirección de la organización terrorista y les transmitían sus directrices.
Zulueta, a la luz de los hechos probados, participó en el cobro del impuesto revolucionario, en la fijación de objetivos —ETA le pidió informe sobre la seguridad de la sede de la Audiencia Nacional en Madrid para cometer un atentado—, y ayudó a miembros de la banda a eludir la acción de la Justicia.
En el momento de su detención se le intervino un pendrive oculto detrás de un cuadro en su despacho y que contenían archivos con croquis y documentación de tres zulos en el sur de Francia.