Este 6 de febrero se cumplen seis años de la tragedia del vertedero de Zaldibar. Un derrumbe que acabó con la vida de dos operarios de la instalación, Alberto Sololuze y Joaquín Beltrán. De este último, se siguen sin encontrar los restos mortales y el Gobierno vasco dio por finalizada su búsqueda en mayo de 2021.
Un siniestro que marcó a todo Euskadi y que se vio, en su momento, opacado por la pandemia del Covid. Seis años después, lejos de haberse zanjado el asunto, aún quedan procesos judiciales por resolver y muchas heridas abiertas.
Aunque se aprobó con permisos del Gobierno vasco, muchos son los que opinan que este vertedero no se tendría que haber llevado a cabo por las características geográficas de la zona donde estaba instalado, un factor clave para el derrumbamiento.
"Nunca se tendría que haber construido", aseguró a Crónica Vasca el experto medioambiental y Premio Nacional de Medio Ambiente de 1998, Julen Rekondo, para un reportaje con motivo del tercer aniversario de la tragedia.
Homenaje a los dos trabajadores fallecidos en el derrumbe del vertedero de Zaldibar en una imagen de archivo
Conscientes de los desperfectos
Hasta el momento, la causa de las muertes es la única que se ha cerrado. Los tres máximos responsables de la empresa gestora del vertedero, Verter Recycling, fueron condenados a seis meses de prisión por homicidio imprudente y por un delito contra la seguridad en el trabajo.
El informe emitido evidenció que los responsables de esta empresa eran conscientes de los desperfectos que había en el vertedero, al menos, dos días antes de que se produjese el derrumbe.
La Fiscalía dio por probado que, pese a ser conscientes del peligro que existía, la empresa no hizo nada para evitar el derrumbe. No alertó a la plantilla, no implementó ningún dispositivo especial y no se paró la producción.
Finalmente, las dos partes llegaron a un acuerdo para que los responsables no cumpliesen la pena de cárcel y fijaron una indemnización a las familias de 2,8 millones de euros.
Imputada la exalcaldesa de Zaldibar
Este fue un paso importante en el proceso judicial, pero todavía hay un segundo proceso abierto por delitos medioambientales. Y, precisamente, aquí es donde se presentó una nueva novedad la semana pasada.
Según adelantó elDiario.es, una magistrada de Durango ha imputado a la exalcaldesa de Zaldibar de EH Bildu, Arantza Baigorri, por un posible delito urbanístico.
Baigorri, que fue alcaldesa de esta localidad vizcaína desde 2011 hasta 2018, podría verse involucrada en el procedimiento por un presunto delito contra la ordenación del territorio relacionado con cuestiones urbanísticas.
Junto a ella, tendrán que declarar otras ocho personas, tras las investigaciones realizadas por la sección de Medioambiente de la Ertzaintza en los meses de mayo, junio y julio de 2025.
Desde EH Bildu, por su parte, han defendido que las actuaciones del ayuntamiento entre 2011 y 2019 se desarrollaron según las recomendaciones y criterios que establecieron los técnicos municipales y que la modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) fue avalada "sin matices" por la Diputación de Bizkaia.
El secretario general de la formación abertzale, Arnaldo Otegi, ha respaldado a la exalcaldesa. "Baigorri no obtuvo beneficio de ningún tipo por este tema y que tras dejar la alcaldía volvió a su puesto de funcionaria en otro ayuntamiento", aseguró.