Los denunciantes del vecino de Zamudio que sufre ya 21 años de acoso continuado por la colocación de unas simples estacas tienen bloqueado desde hace tres meses el último pleito. En noviembre tenían que haber presentado sus conclusiones a la denuncia que presentaron en contra de la anulación, por parte del Consistorio, de un decreto de hace 12 años que propició el acoso al vecino.
La orden municipal, dictada en 2014 y anulada hace ya dos años, ordenó el derribo de unas estacas en la propiedad del residente, pese a que esta actuación ya motivó unos años antes la condena de la entonces alcaldesa Sorkunde Aiarza (PNV), quien tuvo que dejar el cargo tras ser inhabilitada.
El afectado es José María Zarate, quien desde la década pasada sufre la persecución del ayuntamiento por la colocación de unas simples estacas en su propiedad.
Los palos fueron derribados ilegalmente en 2006 por la exalcaldesa Sorkunde Aiarza. Por esa decisión, fue condenada por los tribunales por prevaricación e inhabilitada durante nueve años para cualquier cargo público al haber ordenado el derribo “a sabiendas de su manifiesta ilegalidad” y de “forma arbitraria”, y las estacas tuvieron que reponerse.
Pero el acoso prosiguió. Las dos sentencias judiciales que condenaron en 2011 a la exalcaldesa fueron incumplidas por el ayuntamiento de Zamudio, que hasta tres años después, en 2014, no aprobó la licencia de obras y la recolocación de las estacas. Lo hizo después de un tirón de orejas de la Audiencia de Bizkaia, que advirtió al ayuntamiento de «renuencia o entorpecimiento injustificado en la concesión de la licencia [para reponer las estacas] al recurrir a argumentos ya rechazados» Entonces, el vecino pudo reponer los palos en su propiedad.
Sin embargo, meses después, el anterior alcalde Igoitz López (PNV) informó a Zarate que el conflicto continuaba abierto “a instancias de varios vecinos” y ordenó la nueva retirada de las estacas en un decreto. A día de hoy, 12 años después, el consistorio sigue sin facilitar la licencia de fin de obra.
Otra anomalía es que el decreto de 2014 fue una resolución “fantasma”, ya que no se notificó al vecino hasta tres años después. De hecho, según las declaraciones en los pleitos judiciales de este caso, ese decreto de 2014 no ha tenido la preceptiva firma del secretario municipal.
La anulación de la orden, diez años después, fue firmada hace ya dos años (el 26 de enero de 2024) por el actual alcalde Lander Aretxabaleta, del PNV igualmente. La razón esgrimida fueron las dudas sobre la decisión tomada en 2014. “Alberga al menos algún umbral de duda que debe ser despejado”, señala el ayuntamiento.
El Consistorio se refiere a la titularidad del camino donde están las estacas. En su estrategia de acoso al vecino, ha querido demostrar que el camino es público (con la intención final de derribar los palos), cuando las sentencias judiciales que condenaron a la exalcaldesa Sorkunde Aiarza señalaban que es un camino de titularidad privada, algo también ratificado en el catastro.
Desde 2018, el Consistorio ha abierto varios expedientes sobre el camino y finalmente en 2020 aprobó declararlo como público. Solo en las gestiones para dicha declaración, el Ayuntamiento se había gastado hasta finales de 2018 más de 12.500 euros, según certificó entonces el interventor municipal.
Recursos a dos sentencias
El vecino ha recurrido a los tribunales y dos sentencias ya le han dado la razón, en 2022 y 2023. La última fue sobre el decreto “fantasma” de 2014 y el juez reprochó al Consistorio que acudiera a la Justicia, puesto que la revocación del decreto la podía ejecutar el propio ayuntamiento sin permiso judicial. Incluso apuntaba a que el decreto podría ser ilegal.
La anulación del decreto “fantasma” por el Ayuntamiento no gustó nada a la familia que inició el acoso hace dos décadas. En enero del pasado año, presentó una demanda ante el juzgado de lo contencioso administrativo número 5 de Bilbao en el que acusaba al ayuntamiento de “desviación de poder” y “dejación de funciones”.
Como publicó este blog, en su respuesta a la demanda, en un escrito de 165 folios fechado el pasado 20 de febrero, el Ayuntamiento de Zamudio rechazó que el camino donde están las estacas sea público, en contra de la propia declaración aprobada en 2020 por el Consistorio. “Ha quedado patente, desgraciadamente, que no existe ninguna resolución que avale la naturaleza del camino Uxina, que de momento está en el limbo, y por ello no puede ordenarse una retirada de unos elementos en base a una demanialidad de un camino no acreditada”.
Un nuevo informe pericial, presentado por la defensa del afectado y firmado el pasado 28 de abril por el ingeniero agrónomo Carlos Zubeldia, corrobora ese carácter privado. Concluye que es un camino de “servidumbre de paso del dominio privado” perteneciente al vecino hostigado, quien ha colocado unas estacas “que no impiden el paso y cuyo objeto es delimitar y proteger el cultivo de viñas existentes en su colindancia”.
El juzgado 5 de lo contencioso administrativo había aceptado inicialmente la petición de los denunciantes de tomar declaración a varios vecinos y a una perita agrónoma externa, quien siempre ha defendido el carácter público del camino. Pero, tras las alegaciones de José María Zarate indicando que ya hay dos sentencias judiciales que rechazaron el carácter público del camino, el juez rechazó las declaraciones. En un auto dictado el pasado 22 de mayo, señala que solo se admite la “prueba documental, sin que, por lo tanto, haya lugar a la celebración de vista”. Una decisión que apunta al archivo del caso.
El último paso judicial ha sido declarar concluida la fase de pruebas. En una diligencia dictada el pasado 16 de octubre y notificada el 14 de noviembre, el juzgado insta a los denunciantes a presentar su escrito de conclusiones. Así solo quedaría la decisión judicial.
Pero, transcurridos casi tres meses, la defensa de los denunciantes del vecino acosado no ha presentado ningún escrito en el juzgado.
Está fuera de toda lógica que quien inicia un pleito en un juzgado no realice su trabajo para que el caso se resuelva. Parece que el interés final es prolongar el sufrimiento de un vecino que, por defender unas simples estacas en su terreno, se tuvo que enfrentar con la entonces alcaldesa, quien fue condenada a una inhabilitación de 9 años. Y, desde entonces a un hostigamiento continuado.