El presidente de VOX, Santiago Abascal, en una sesión de control al Gobierno , en el Congreso de los Diputados, a 11 de febrero de 2026 Europa Press
Abascal intenta a la desesperada bloquear en el Congreso el traspaso de competencias a Euskadi
Vox denuncia que Euskadi concentre más de la mitad de los traspasos de competencias realizados por el Gobierno central a las comunidades autónomas
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Vox ha registrado en el Congreso de los Diputados una Proposición no de Ley (PNL) para exigir la paralización de los últimos traspasos de competencias a Euskadi y reclamar la recuperación por parte del Estado de áreas como educación, sanidad, seguridad y justicia.
La propuesta, firmada por la portavoz parlamentaria de Vox, Pepa Millán, se centra en el último acuerdo de competencias alcanzado el pasado 16 de enero por el que Gobierno central y el País Vasco formalizaron el traspaso de cinco nuevas competencias: la gestión de las prestaciones por desempleo (la gestión de 30 oficinas del SEPE con 534 trabajadores), las prestaciones no contributivas de la Seguridad Social, el servicio de Salvamento Marítimo, el Seguro Escolar y el Centro de Verificación de Maquinaria de Barakaldo.
La portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán, durante una rueda de prensa en el Congreso de los Diputados, a 2 de diciembre de 2025 Europa Press
En la exposición de motivos, VOX sostiene que, desde la llegada de Pedro Sánchez a la presidencia del Gobierno, en 2018, el Ejecutivo ha formalizado “cerca de 45 traspasos de competencias a diversas comunidades autónomas”, de los cuales el País Vasco habría acumulado 23. El texto afirma que esta dinámica responde a que el Gobierno “subordina de manera sistemática su acción política a la obtención y conservación de los apoyos parlamentarios necesarios para su permanencia en el ejercicio del poder”.
“Las reiteradas cesiones competenciales acordadas por el Gobierno no responden a una búsqueda del bien común ni del interés de los españoles, sino que obedecen al único propósito de garantizar la continuidad del Ejecutivo en el ejercicio del poder”, explica Vox. “Nos hallamos, por tanto, ante un proceso de degradación política de máxima gravedad, en el que el modelo territorial del Estado es utilizado como moneda de cambio parlamentario, erosionando los principios de solidaridad e igualdad que deben presidir la organización territorial de la Nación”.
En este sentido, el partido de ultraderecha advierte de que este proceder constituye “en la práctica, un ataque continuado a la unidad nacional, al fomentar dinámicas que inspiran la diferenciación y privilegios de unas regiones sobre otras”.
“Debe resaltarse que la asunción constante y sistemática de competencias por parte de las comunidades autónomas no ha contribuido a una mejora efectiva de la gestión pública, sino que ha propiciado, en situaciones de especial gravedad y ante catástrofes de alcance nacional, un cruce permanente de acusaciones entre quien gobierna en el ámbito regional y el que lo hace a nivel nacional, orientado más a la elusión de responsabilidades que a la debida protección de los españoles”.
Con su iniciativa, los de Abascal quieren denunciar los acuerdos de traspaso suscritos y que el Congreso se abstenga de aprobar el decreto que los formalice.
Por otro lado, Vox reclama “cesar en la promoción de iniciativas legislativas para delegar o transferir competencias de cualquier materia en las comunidades autónomas, manifestando públicamente la desautorización de cualquier propuesta en tal sentido”.
Además, plantea “repudiar todos los pactos alcanzados con fuerzas separatistas” e “impulsar la recuperación inmediata por el Estado de las competencias en materia de educación, sanidad, seguridad y justicia”.
El presidente de Vox, Santiago Abascal, y la portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán, durante una sesión plenaria, en el Congreso de los Diputados, a 12 de febrero de 2026 Europa Press
Vox quiere blindar los paradores de Hondarribia y Argómaniz
En paralelo, Vox ha registrado en el Congreso otra Proposición no de Ley (PNL) para “evitar la enajenación, cesión, transferencia o fragmentación de la Red de Paradores de Turismo de España” y bloquear cualquier intento futuro de traspaso a Euskadi de los históricos paradores de Hondarribia y Argómaniz.
En la exposición de motivos, el grupo parlamentario subraya que la Red de Paradores “constituye una de las instituciones públicas más emblemáticas, no solo por su relevancia económica y turística, sino por su valor estratégico como instrumento de cohesión territorial, vertebración del territorio y preservación del patrimonio histórico, cultural y arquitectónico de la Nación”.
El texto alerta de que un eventual desmantelamiento de la red, “ya sea mediante su enajenación, cesión, transferencia o fragmentación territorial, supondría una pérdida irreparable de patrimonio público, una ruptura del principio de igualdad entre españoles y un grave precedente para otras empresas e instituciones estratégicas”. Asimismo, sostiene que podría implicar un incumplimiento del deber de protección recogido en la Ley de Patrimonio Histórico Español.
